Hasta 24 millones de líneas celulares podrían ser suspendidas antes de que termine el año si no son vinculadas con los datos de sus usuarios. La autoridad reguladora prevé que las primeras bajas de servicio funcionen como advertencia para quienes aún no completan el trámite.

Entre 14 y 24 millones de líneas celulares podrían quedarse sin servicio en México al cierre de 2026, luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones descartó una nueva prórroga para completar el registro obligatorio ante las compañías telefónicas.

En entrevista con El Universal, Ricardo Castañeda Álvarez, director general de Política Regulatoria de la CRT, estimó que con el calendario escalonado y las primeras suspensiones se logrará registrar entre 120 y 130 millones de líneas móviles, equivalente a cerca de 85% del mercado. Sin embargo, reconoció que entre 10% y 15% del total podría quedar fuera del proceso, en un universo calculado en 144.6 millones de líneas.

La suspensión comenzará el 15 de agosto con los números terminados en 0 y continuará de forma progresiva hasta el 31 de diciembre, cuando vencerá el plazo para las líneas cuya terminación sea 9. De acuerdo con el funcionario, las primeras deshabilitaciones servirán para confirmar a los usuarios que la medida sí será aplicada y podrían incentivar a quienes todavía no han vinculado su número.

Castañeda explicó que la prórroga escalonada se aprobó ante el riesgo de que, al llegar el plazo original del 30 de junio, millones de personas no hubieran completado el registro. Además, señaló que una suspensión masiva en un solo día habría representado un problema técnico para las redes, debido al volumen de líneas que tendrían que ser deshabilitadas al mismo tiempo.

Entre las líneas que podrían no registrarse se encuentran chips desechados por sus usuarios, números no vinculados, líneas utilizadas en terminales de punto de venta, rastreadores satelitales y servicios de internet móvil. Una vez concluido el calendario, la autoridad tendrá una medición más precisa del mercado realmente vinculado a una persona o empresa.

El funcionario descartó que exista una nueva ampliación del plazo, aunque indicó que la situación será evaluada hacia diciembre. También rechazó que el registro implique que el gobierno concentre directamente los datos de los usuarios, al señalar que la información se mantiene con los operadores telefónicos y que el procedimiento busca evitar el uso anónimo de chips en delitos como extorsiones, fraudes y secuestros virtuales.