La Federación Baja California de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) emitió un posicionamiento público en el que hizo un llamado a que la aplicación de la justicia se realice con imparcialidad, transparencia y pleno respeto al Estado de derecho, a propósito de los acontecimientos en los que se vieron involucrados el exgobernador Ernesto Ruffo Appel y el empresario Ricardo Thompson Navarro.
En el documento, firmado por los Centros Empresariales de Ensenada, Mexicali y Tijuana, el organismo empresarial sostuvo que toda persona debe responder por sus actos conforme a la ley, pero también tiene derecho a un proceso imparcial, transparente y con pleno respeto a las garantías constitucionales y al debido proceso. Asimismo, señaló que cualquier determinación debe sustentarse exclusivamente en los hechos, las pruebas y el marco jurídico aplicable, respetando en todo momento la presunción de inocencia.
COPARMEX también manifestó que espera que este caso no desvíe la atención de otros asuntos de interés público que, afirmó, igualmente requieren claridad, transparencia y rendición de cuentas, en particular aquellos relacionados con señalamientos formulados públicamente contra altos funcionarios del Gobierno de Baja California. En ese sentido, sostuvo que la exigencia de legalidad debe aplicarse de manera uniforme y sin excepciones.
El organismo empresarial agregó que la confianza en las instituciones depende de que la ley se aplique con el mismo rigor para todas las personas, sin importar el cargo, la filiación política, la influencia o la condición personal, al considerar que una justicia selectiva debilita el Estado de derecho, mientras que una justicia imparcial fortalece la confianza ciudadana.
En una segunda parte del posicionamiento, la federación reiteró su compromiso con la legalidad, la seguridad jurídica y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Asimismo, expresó preocupación porque otros asuntos relacionados con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, señalamientos de otros países y casos de presunto lavado de dinero y “huachicol fiscal” no formen parte, según expuso, de las políticas de legalidad del Gobierno federal.
Además, COPARMEX hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para que actúe dentro del marco de su autonomía, deslinde responsabilidades con pruebas contundentes y garantice una actuación imparcial e institucional. También exigió que la ley se aplique por igual a todas las personas involucradas en investigaciones relacionadas con el denominado “huachicol fiscal”, independientemente de que ocupen cargos públicos o hayan sido señaladas por la opinión pública.
Finalmente, el organismo aclaró que su postura no busca defender a persona alguna, sino insistir en que la aplicación de la ley se sustente en bases jurídicas sólidas, sin sesgos políticos, sin consignas y con plena imparcialidad, como condición indispensable para fortalecer el Estado de derecho y la confianza de la sociedad en las instituciones.
