Una investigación del Colegio de México y del Instituto Nacional de Salud Pública, revela el impacto de la fragmentación del sistema y de la falta de inversión del Gobierno en los municipios más pobres, en las personas con diabetes o cáncer, y en las muertes maternas.

México enfrenta crisis de acceso a la salud: 40 millones de personas sin cobertura y hospitales con déficit de recursos, revela investigación.

Ciudad de México.— Alrededor de 40 millones de mexicanos reportaron no tener acceso a servicios de salud en 2024, de acuerdo con un estudio elaborado por investigadores del Colegio de México (Colmex) y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que identifica problemas de financiamiento, infraestructura, cobertura y condiciones laborales en el sistema sanitario nacional.

La investigación, titulada Salud quebrada, fue desarrollada durante cuatro años por cinco especialistas de ambas instituciones, como parte de un proyecto financiado por el National Institute for Health and Care Research (NIHR) del Reino Unido.

Entre sus principales hallazgos destaca que México destina aproximadamente el 2.8% de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto público en salud, una proporción inferior a la registrada en otros países latinoamericanos.

Según los datos recogidos en el informe, Brasil destina el 4.4% de su PIB a este sector; Chile, el 5.3%; Colombia, el 5.7%, y Argentina, el 5.9%.

Los investigadores proponen elevar la inversión pública mexicana al 3.5% del PIB para 2030 y alcanzar el 6% en 2043, año en que se cumplirá el centenario de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Para 2027, el presupuesto previsto por el Gobierno federal equivale al 2.9% del PIB, cifra que los autores consideran insuficiente para atender las necesidades del sistema.

Falta de camas, equipos médicos y personal en condiciones adecuadas

El documento señala que México dispone de aproximadamente 140 mil camas hospitalarias, equivalentes a 1.1 por cada mil habitantes, frente al promedio de 2.4 registrado en la región de las Américas y de 4.3 entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

También identifica limitaciones en equipamiento especializado, con aproximadamente tres equipos de resonancia magnética y dos de radioterapia por cada millón de habitantes.

En materia laboral, el estudio documenta que entre 2005 y 2022 aumentó la proporción de médicos que trabajan en condiciones consideradas precarias, entre ellas la ausencia de contratos, remuneraciones inferiores a dos salarios mínimos o jornadas excesivas.

De acuerdo con sus resultados, tres de cada cuatro integrantes del personal médico presentan al menos alguna de estas condiciones.

En enfermería, la proporción de trabajadores en situación de precariedad pasó del 49% en 2005 al 67% en 2022.

Municipios pobres registran mayores dificultades de cobertura

Uno de los apartados del estudio examina los cambios en el aseguramiento médico durante las últimas dos décadas.

Entre 2004 y 2016, la proporción de hogares sin aseguramiento disminuyó del 59% al 8%, periodo que coincidió con la expansión del Seguro Popular.

Sin embargo, para 2024, el porcentaje nacional de hogares que reportaban no contar con aseguramiento médico alcanzó el 31%.

La investigación identifica diferencias especialmente pronunciadas en los municipios con mayores niveles de rezago social, donde la proporción de hogares sin aseguramiento pasó del 6% en 2018 al 62% en 2024.

Los investigadores también documentaron que aproximadamente seis millones de familias enfrentaron gastos médicos difíciles de cubrir, con consecuencias económicas para sus hogares.

En promedio, cada mexicano destina alrededor de cuatro mil pesos anuales de su bolsillo a servicios y productos relacionados con la salud, según las cifras presentadas.

Reforma sanitaria y propuesta de cobertura universal

El estudio examina las modificaciones institucionales realizadas durante los últimos años, entre ellas la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la posterior transferencia de sus funciones al IMSS-Bienestar.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado avanzar hacia un Sistema Universal de Salud que permita integrar progresivamente la atención del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar a partir de 2027.

La propuesta busca reducir la fragmentación institucional, que actualmente establece diferentes mecanismos de atención según la situación laboral y el régimen de afiliación de cada persona.

Los investigadores reconocen la importancia de avanzar hacia una mayor integración, aunque advierten que su implementación requerirá un incremento sustancial de los recursos públicos destinados al sector.

Laura Flamand, investigadora del Colegio de México y una de las autoras del estudio, señaló que la falta de información sobre los derechos de atención y las dificultades para recibir servicios constituyen obstáculos adicionales para la población.

Sus autores explicaron que la finalidad de la investigación es proporcionar información que contribuya a la formulación de políticas públicas y a la toma de decisiones sobre el financiamiento, la organización y la prestación de los servicios sanitarios en México.