Sheinbaum pide a la Auditoría Superior de la Federación que sea más “proactiva” y que se investigue el crecimiento del entramado de asignaciones durante el periodo de Córdova

La titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ha detallado este jueves el alcance de la red de empresas encabezada por los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas que se beneficiaron de los contratos en el INE a través de esquemas de corrupción. La primera operación turbia que han encontrado los investigadores se remonta a 1997 y mantuvieron sus vínculos con el órgano autónomo hasta por lo menos 2025. En la última década, el monto de los contratos adjudicados al oligopolio de sus empresas superó los 2.700 millones de pesos. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha pedido a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que sea proactiva en sus pesquisas sobre la gestión de la ex consejera presidenta Guadalupe Taddei y que revise el crecimiento del entramado de corrupción durante la presidencia de Lorenzo Córdova.

La presidenta ha vinculado a ambos hermanos a Somos, una organización opositora y partido político de reciente creación que protagonizó las mareas rosas el año pasado. “¿De quién es el partido Somos? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo. ¿De dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023 con ese Consejo General del INE. Pero, además, el propio Lorenzo Córdova ya lo reconoció en tres entrevistas que ha dado”, ha asegurado la mandataria desde Palacio Nacional.

Córdova, por su lado, se ha defendido desde Grupo Fórmula. Ha asegurado que la ASF tiene las puertas abiertas a investigar todo su periodo al frente del INE, desde 2014 a 2023, cuando fue relevado por Taddei, ya que fue supervisado por las autoridades todos los años “sin que se encontrara nada”. El expresidente de la autoridad electoral ha señalado a la presidenta por desviar la atención del caso de corrupción para eludir responsabilidades de su Gobierno, al que acusa de ejercer el control en el organismo desde 2019 para influir en el Órgano Interno de Control y utilizarlo para presionar a los consejeros electorales. “¡Que auditen, no tengo ningún miedo!”, ha declarado en su entrevista en la radio.

Sin embargo, la presidenta insiste en que el calado de los acuerdos para asignar contratos del INE va más allá de Taddei, contra quien el organismo prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República por corrupción. “Este grupo empresarial, que tuvo contratos por miles de millones de pesos, no surgió con las contrataciones que surgieron recientemente con Guadalupe Taddei, quien venía de este grupo de gente, que es parte de los consejeros electorales estatales, federales, que han sido parte de este sistema desde hace años”, ha indicado.

Las investigaciones de Buenrostro apuntan a que los Hernández Casillas iniciaron sus andanzas en la década de los 80, cuando ambos trabajaban en la Secretaría de Gobernación. “Iniciaron, primero, en el Registro Nacional de Población. Es importante decir que José Alfredo Hernández Casillas era el secretario particular del director general de Renapo, que es Juan Carlos Padilla Aguilar”, ha relatado la secretaria. Después se trasladaron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), que ahora es el Centro Nacional de Inteligencia, de la mano de Juan Carlos Padilla, para quien José Alfredo trabajaba como su secretario particular.

Cuando Padilla fue trasladado al Estado de México, donde tuvo varios puestos públicos, incluido el de secretario de Obras. Es entonces cuando los Hernández Casillas se convierten en empresarios y proveedores del Gobierno. En 1988 constituyen la empresa Cartonera Plástica, que en 1999 se convierte en proveedora electoral en el Estado de México, y seis años más tarde logra un contrato de 63,7 millones de pesos por suministrar material electoral. También crean en 1992 la empresa Formas Finas Fernando Fernández, que forma parte del conglomerado empresarial beneficiado por el INE junto a Cajas Graf y Seriplast de México y Corporativo ZEG que creció entre 2012 y 2014. Fue entonces cuando Taddei fue nombrada presidenta del Instituto Estatal Electoral en Sonora. “En este periodo, de 2014 a 2023, lo que se observa son varias omisiones en los temas de contratación. Y en 2023, de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) que fueron designados por este Consejo, se asignan contratos por más de 2.000 millones de pesos a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales”, ha subrayado Buenrostro. Los dos años siguientes los contratos continuaron con más montos de hasta 646 millones de pesos, pero la titular reconoce que la cifra podría aumentar a medida que avancen las investigaciones de la ASF.