La Cancillería ha remitido la solicitud de captura con fines de extradición a la fiscalía general para que valore si hay elementos suficientes que prueben la responsabilidad y se queja a Washington por dar a conocer la información.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha respondido este miércoles a Estados Unidos que su pedido para detener al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “no cuenta con elementos de prueba”. Ha sido la respuesta institucional inmediata de México ante la acusación de la justicia estadounidense contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios por sus vínculos con el narcotráfico. Entre los señalados hay un senador de Morena, el alcalde de Culiacán y varios altos cargos de la seguridad y la policía de Sinaloa. La cancillería ha dado a conocer que este martes por la tarde recibió el pedido de Estados Unidos para la captura provisional de los 10 acusados con fines de extradición para que puedan responder por cargos que implican condenas desde 40 años de prisión a cadena perpetua. No obstante, ha matizado que en el requerimiento recibido “no se anexan pruebas”.
“Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la SRE en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, ha indicado la Cancillería en un comunicado, en el que además se ha quejado porque el país vecino haya dado a conocer la información, con detalles y nombres de los implicados, contra las provisiones de confidencialidad que recoge el tratado. Por este motivo, enviará una carta de extrañamiento a la Embajada.
La cancillería ha indicado que trasladará la petición de detención y extradición a la Fiscalía General de la República que será quien “determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano”. La respuesta ha llegado minutos después de que se difundiera la acusación del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la agencia antidrogas (DEA), Terrance C. Cole, contra Rocha Moya y nueve cargos más por conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para importar narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Entre ellos, se encuentran el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Todos pertenecientes a Morena, el partido de Gobierno. La máxima pena prevista por la Justicia estadounidense por los delitos a los que se les acusa –conspiración para importar narcóticos y posesión de armas– llega a la cadena perpetua; la mínima para la mayoría de los señalados sería de 40 años de prisión.
El gobernador sinaloense ha rechazado “categórica y absolutamente” las acusaciones del vecino al norte de la frontera en un comunicado difundido en redes, en el que se ha escudado en Morena y en la soberanía nacional para defender “el ataque”. Sobre el proceso, Rocha Moya ha asegurado que “demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno” que las imputaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno”.
Inzunza ha publicado un mensaje en la misma línea, en el que relaciona la decisión de la Justicia estadounidense con la defensa de soberanía nacional. “Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación […] Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida a Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el [ex]presidente Andrés Manuel López Obrador”, ha apuntado el senador morenista.
