El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, anunciaron la presentación de una acusación formal contra un grupo de funcionarios de alto nivel del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y uso de armas, de acuerdo con información oficial.

Además de Rocha Moya, la acusación incluye a Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. Este último enfrenta cargos adicionales relacionados con secuestros de una fuente de la DEA y un familiar de esta, que derivaron en su muerte.

De acuerdo con la acusación, los imputados, identificados como funcionarios actuales o anteriores del gobierno y corporaciones policiales de Sinaloa, habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

“El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, declaró Jay Clayton. “Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.

Por su parte, Terrance C. Cole señaló: “El Cártel de Sinaloa no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro. Esta acusación formal revela un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses. Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Agradecemos a nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad a diario y nos apoyan para salvaguardar a nuestras comunidades. Juntos, continuaremos ejerciendo una presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.

Según las alegaciones contenidas en la acusación formal y otros documentos judiciales, el Cártel de Sinaloa es identificado como una de las organizaciones criminales más violentas a nivel global, con operaciones que han convertido al estado de Sinaloa en un punto clave del narcotráfico internacional. Desde esa base, la organización habría establecido vínculos con redes criminales en distintos países, incluyendo productores de cocaína en Colombia y Venezuela, así como fabricantes de precursores químicos en China, con el objetivo de distribuir drogas en territorio estadounidense.

La acusación sostiene que, para mantener y expandir sus operaciones, el cártel habría contado con la colaboración de funcionarios públicos y elementos de seguridad, quienes presuntamente abusaron de su autoridad para proteger las actividades ilícitas, proporcionar información confidencial y facilitar el traslado de narcóticos. También se señala la participación de agentes policiales en actos de violencia, incluidos asesinatos y secuestros contra personas sospechosas de colaborar con autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el documento, los acusados habrían formado parte de una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos, desempeñando funciones como la protección de líderes del cártel, la filtración de información de inteligencia y la instrucción a corporaciones policiales para resguardar cargamentos de droga. A cambio, habrían recibido millones de dólares provenientes del narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses también señalan que los implicados mantenían vínculos con la facción del cártel conocida como “los Chapitos”, integrada por hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Según la acusación, Rocha Moya habría sido electo gobernador en noviembre de 2021 con apoyo de esta facción, la cual presuntamente habría recurrido a intimidación y secuestros de rivales. Posteriormente, se indica que el mandatario habría sostenido reuniones con integrantes del grupo y permitido sus operaciones en el estado.

Asimismo, se menciona que Dámaso Castro Zaavedra, identificado como subprocurador de la Fiscalía estatal, habría recibido pagos mensuales aproximados de 11,000 dólares para proteger a miembros del cártel y alertarlos sobre operativos.

En el caso de Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, se indica que presuntamente recibía más de 1,600 dólares mensuales y facilitaba el control territorial del cártel mediante el uso de elementos policiales para realizar arrestos, secuestros y asesinatos. También se le vincula con el secuestro ocurrido en octubre de 2023 de una fuente confidencial de la DEA y un familiar, quienes posteriormente fueron asesinados.

La acusación forma parte de una serie de procesos iniciados desde 2023 en ese distrito judicial contra más de 30 integrantes y asociados del Cártel de Sinaloa por su presunta participación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que las penas mínimas y máximas aplicables están determinadas por el Congreso estadounidense y que la sentencia será definida por un juez. Asimismo, destacaron la colaboración de distintas instancias, incluyendo la División de Operaciones Especiales de la DEA, unidades bilaterales de investigación, oficinas en México y Phoenix, así como agencias del Departamento de Justicia y el Gobierno de México.

Finalmente, se precisó que los cargos contenidos en la acusación son únicamente imputaciones y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad conforme al proceso judicial correspondiente.