La incipiente carrera del lanzador prospecto de los Padres de San Diego ha quedado en suspenso después de que se autodeportara a México tras declararse culpable de recibir dinero para transportar dos inmigrantes indocumentados desde la frontera

Por: Isaías Alvarado para EL PAÍS

El futuro de Humberto Cruz, uno de los principales prospectos de pitcheo de los Padres de San Diego, se ha desdibujado en cuestión de meses. En noviembre, se declaró culpable de participar en una operación de tráfico de personas en Arizona y después se autodeportó a su natal México, poniendo en suspenso su incipiente carrera en las Grandes Ligas. Su caso es el más reciente en evidenciar las complejas operaciones de las redes de coyotes, que en los últimos años se ha demostrado que reclutan a todo tipo de personas —jóvenes, madres, militares y hasta el hijo de un popular cantante— para burlar los cada vez más estrictos controles de seguridad fronteriza.

Cruz es mexicano y tiene 19 años. Los cazatalentos del cuadro californiano lo vieron jugar en Monterrey hace más de dos años y le ofrecieron un contrato de ensueño de 750.000 dólares en febrero de 2024. Más tarde, el equipo lo colocó en el quinto lugar en su clasificación de prospectos. Pero para agosto del año pasado no había debutado aún para los Padres y, tras una lesión y cirugía de codo, se esperaba que se perdiera la actual temporada, que va de marzo a septiembre.

Pero a partir del otoño del año pasado, otro asunto mantenía en vilo su salida al montículo en las Grandes Ligas: una acusación penal por recibir dinero a cambio de transportar indocumentados en el sur de Arizona, una región donde se registra un alto número de cruces fronterizos no autorizados.

Cruz fue arrestado el pasado 28 de octubre en la localidad de Lukeville, Arizona. Agentes de la Patrulla Fronteriza que vigilaban una carretera de la zona observaron que Cruz viajaba solo hacia el sur en una camioneta BMW. Tiempo después vieron el mismo vehículo dirigiéndose hacia el norte con dos pasajeros. A los uniformados “les pareció sospechoso” y le marcaron el alto. En el interior del auto encontraron a dos mexicanos indocumentados, uno de los cuales había sido deportado cuatro días antes, detalla la acusación.

Durante una entrevista con los agentes, el lanzador aseguró que había respondido a un anuncio en las redes sociales que ofrecía “dinero fácil” por transportar personas. Confesó, no obstante, que sabía de antemano que recogería a inmigrantes sin papeles y que le pagarían 1.000 dólares por cada uno. A la pregunta de por qué lo había hecho, respondió: “Necesitaba dinero extra”.

En noviembre, Cruz firmó un acuerdo de culpabilidad de un delito menor por aceptar dinero para transportar indocumentados, logrando que los fiscales le retiraran un cargo federal que lo ponía ante una condena de hasta 10 años de prisión. En espera de su sentencia, que definiría el futuro de su incipiente carrera profesional, el lanzador decidió autodeportarse a su natal México y su visa de trabajo ha sido cancelada, de acuerdo con The New York Times.

“Quiero expresar mi sincero arrepentimiento por un reciente error de juicio que ha causado decepción a muchas personas a las que respeto profundamente. Entiendo que mis acciones no han estado a la altura de los estándares que se esperan de mí como profesional y como representante de esta organización”, manifestó Cruz en una declaración difundida a través de los Padres de San Diego en los últimos días.

“Asumo la responsabilidad de mi conducta y reconozco el impacto que esta ha tenido en mis compañeros, en el club y en quienes nos apoyan… Les pido disculpas por haberme convertido en una distracción”, agrega el mensaje. No está claro, sin embargo, cuál será su futuro deportivo. En principio, parece que sigue bajo contrato con los Padres, aunque, bajo sanción administrativa por parte del equipo, no está recibiendo un salario ni puede participar en actividades oficiales.

El nuevo perfil de los coyotes

La historia de Cruz ha sido la de muchos otros que terminaron involucrados en el tráfico de migrantes en la frontera. En 2017, Emiliano Aguilar, hijo del cantante mexicano Pepe Aguilar, fue detenido en una garita en San Diego, California, cuando intentaba cruzar a cuatro ciudadanos chinos ocultos en la cajuela de un vehículo. Pasó un tiempo tras las rejas y eventualmente salió libre.

Las autoridades también han detectado que las redes de coyotes reclutan a estudiantes de preparatoria, madres, choferes de Uber y miembros de las Fuerzas Armadas, en un intento por pasar desapercibidos ante los agentes aduanales. La lógica de las organizaciones criminales es aprovechar perfiles que despiertan menos sospechas. Les ofrecen pagos rápidos, recorrer distancias cortas y la garantía de que todo saldría bien, pero quienes son detenidos terminan enfrentando duras sentencias y onerosos costos de defensa legal.

Uno de los casos más escandalosos ocurrió en noviembre de 2018, justo cuando el presidente Donald Trump, durante su primer mandato, ordenó desplegar efectivos de la Guardia Nacional en la frontera por la llegada de una caravana de centroamericanos a Tijuana. En ese tiempo, la Patrulla Fronteriza arrestó en San Diego a un efectivo de la misma corporación que se había sumado a las tareas de vigilancia en la zona. El militar Edward Jair Acosta-Avila ocultaba en el asiento trasero de su Honda Accord, debajo de una manta, a tres mexicanos. Le habían prometido 400 dólares por cada uno. A ellos les cobraron $7.000 por el cruce.

En medio de las duras políticas migratorias impulsadas por Trump, los arrestos en la frontera se han desplomado en los últimos meses. De octubre a marzo, los agentes fronterizos han hecho 184.000 detenciones en la zona limítrofe con México, una de las cifras más bajas que en tiempos recientes ha visto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En el año fiscal 2025 se registraron 690.000 detenciones, una caída del 78% respecto a los 3,2 millones de arrestos contabilizados en 2023, durante el gobierno de Biden.