El rey de las factureras, buscado en México por crimen organizado, blanqueo y evasión, vivía desde 2021 en Florida, donde hizo transacciones de propiedades millonarias.

Por Zedryk Raziel para EL PAÍS

El abogado Víctor Manuel Álvarez Puga está de nueva cuenta en libertad en Estados Unidos, mientras en México se le busca, junto con su esposa, la actriz y presentadora Inés Gómez Mont, por delincuencia organizada, blanqueo de recursos y evasión fiscal. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha reclamado este martes a Estados Unidos por no extraditar al letrado a México para que rinda cuentas ante la justicia. La solicitud para detenerle y entregarlo llegó a Washington apenas el pasado 4 de diciembre, cuatro años después de que en México un juez ordenase su captura. En ese periodo, algunos medios, entre ellos EL PAÍS, revelaron que Álvarez Puga y Gómez Mont estaban localizables en el Estado de Florida, donde hicieron una serie de transacciones inmobiliarias para acrecentar su fortuna. Considerado el rey de las factureras en México, Álvarez Puga llevaba una vida tranquila como millonario en Estados Unidos.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, ha explicado que EE UU justificó su negativa a capturar a Álvarez Puga porque el delito de delincuencia organizada que le adjudica México no es un crimen violento. La exposición de estos casos, en la conferencia de prensa diaria de Sheinbaum, fue el recurso de México para ilustrar la “falta de reciprocidad” de Washington en materia de extradiciones. La pugna se da en medio de la polémica por la petición de Estados Unidos de que se capture y extradite al gobernador —con licencia—de Sinaloa, Rubén Rocha, al que acusa de tener vínculos con el crimen organizado.

La información presentada por el Gobierno en la conferencia deja ver el tiempo que se dejó pasar para pedir formalmente la colaboración de Washington en la captura de Álvarez Puga, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de un presunto desfalco de 3.000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la investigación, a cuyos detalles ha accedido este periódico, una estructura de compañías fachada simuló una contratación para hacerse con los recursos, que luego fueron blanqueados a través de múltiples movimientos bancarios. Una parte del dinero, al menos 18 millones de pesos, terminó en las cuentas de Álvarez Puga y su esposa. Más allá de este caso concreto, el letrado es considerado el gran arquitecto del fraude mediante empresas factureras, compañías de papel que simulan prestar servicios y emiten comprobantes fiscales falsos, con lo que se drenan recursos millonarios del erario.

La solicitud presentada por México el 4 de diciembre de 2025 lleva a pensar que el Gobierno quiso aprovechar que Álvarez Puga había caído en manos del ICE, la agencia antiinmigrantes de EE UU, por un problema con su situación migratoria. Pero, para cuando eso ocurrió, era demasiado tarde, pues Álvarez Puga ya había obtenido un salvoconducto judicial en ese país. ICE le había detenido desde el 24 de septiembre con base en una orden de captura migratoria e inició un proceso de deportación. Álvarez Puga reclamó que no se le había concedido una audiencia individual para determinar su libertad bajo fianza. Un tribunal falló a su favor el 15 de octubre y ordenó que se le concediera esa audiencia o se le pusiera en libertad, además de que no fuese trasladado fuera del distrito donde estaba detenido. Para comienzos de diciembre, el abogado ya no estaba bajo custodia del ICE.

A Álvarez Puga le ayudó en su juicio el hecho de que ya vivía en Estados Unidos, pues le daba la ventaja de la audiencia de fianza, a diferencia de otros migrantes detenidos intentando ingresar ilegalmente. El expediente judicial de su caso indica que el abogado llegó a EE UU desde enero de 2021, meses antes de que en México se libraran las órdenes de captura en su contra. En julio de ese año, a punto de vencerse su estancia regular, salió de viaje a Las Bahamas, un paraíso fiscal. Tenía programado volver unos días después en avión, pero reingresó a EE UU en barco y sin inspección migratoria. Desde entonces, vivió de manera irregular en el Estado de Florida, donde él y su esposa han amasado una enorme fortuna inmobiliaria, que ha ido documentando EL PAÍS al menos desde noviembre de 2022.

En julio de 2021, Álvarez Puga y Gómez Mont solicitaron un crédito hipotecario en Florida dejando en prenda dos mansiones, una adquirida ese mismo mes en Miami y otra comprada en 2019 en Palm Beach, con valor conjunto de 11,3 millones de dólares (unos 219 millones de pesos). Demandados por la firma que les hizo el préstamo, los esposos transfirieron en 2023 la mansión de Miami a la empresa JBL Global Properties Corp., que preside Andrea Morán, cuñada de Álvarez Puga. La pareja también alquilaba un departamento en la lujosa Art Plaza, en Miami, por el que se le cobraban 2.800 dólares mensuales. La inmobiliaria les demandó por falta de pago. Por si fuera poco, el matrimonio compró en 2017 en Miami la mansión que había pertenecido a la cantante Cher en la década de los noventa, como reveló Animal Político en septiembre de 2021.

La investigación en México contra Álvarez Puga comenzó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Paradójicamente, poderosos funcionarios de ese Gobierno protegieron al litigante y dilataron la orden de captura en su contra hasta que este ya estaba a salvo en EE UU. El retraso de cuatro años en la solicitud de su captura y extradición hace pensar en la amplitud de su red de protección. Una investigación de este periódico revela que en su red de complicidades había políticos de todos los partidos, jueces, abogados, empresarios y personalidades de la farándula. Álvarez Puga apostó a todos los jugadores para no perder.