La representación diplomática fue creada en 2024, pero nunca inició operaciones permanentes. La exfuncionaria Maryory Pabón recibió pagos durante nueve meses y dejó compromisos pendientes por el arrendamiento del inmueble. El caso fue remitido a las autoridades colombianas.

TIJUANA.— El Gobierno de Colombia destinó más de 153 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 483 millones de pesos colombianos, al pago de salarios, viáticos y otros conceptos relacionados con una cónsul designada en Tijuana, pese a que la representación diplomática nunca abrió sus puertas al público.

De acuerdo con una investigación publicada por el diario EL PAÍS, Maryory Ecinedth Pabón Gavilán ocupó el cargo entre el 20 de enero y el 30 de octubre de 2026, periodo durante el cual recibió los recursos mencionados, incluidos 20 mil 338 dólares destinados a viáticos y transporte de menaje doméstico.

El consulado había sido creado oficialmente el 22 de noviembre de 2024, durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el propósito de ampliar la atención diplomática a los ciudadanos colombianos residentes en Baja California.

Sin embargo, casi dos años después de su creación, la oficina no había comenzado a prestar servicios consulares de manera permanente.

Según datos del Instituto Nacional de Migración de México citados en la investigación, en Baja California residen más de mil 100 ciudadanos colombianos, quienes continuaron realizando sus trámites a través del consulado ubicado en Ciudad de México.

Oficina rentada en Tijuana dejó pagos pendientes

La investigación señala que la sede consular fue proyectada en la oficina 202 del edificio Torela Corporativo, ubicado en Tijuana.

El 30 de septiembre, la Embajada de Colombia en México recibió un requerimiento de pago relacionado con el arrendamiento del inmueble.

Un día después, la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la existencia de un contrato de alquiler, aunque informó que no se había asignado presupuesto para cubrir ese compromiso.

El 6 de octubre, la Embajada solicitó a Pabón una copia del contrato y un informe sobre las condiciones del arrendamiento, sin obtener respuesta, de acuerdo con la documentación citada por EL PAÍS.

Además del alquiler, un comunicado firmado por la entonces cónsul el 17 de agosto hacía referencia a compromisos pendientes con un arquitecto encargado de adecuar las instalaciones, así como con proveedores relacionados con el diseño y la imagen institucional.

Hasta la publicación de la investigación, no se había precisado el monto total de las obligaciones económicas pendientes.

Nombramiento de la cónsul ya había sido anulado en Canadá

Antes de su designación en Tijuana, Maryory Pabón había ocupado un cargo consular en Calgary, Canadá, al que llegó en enero de 2025.

Su nombramiento fue impugnado por Unidiplo, sindicato de funcionarios de la carrera diplomática y consular de Colombia, bajo el argumento de que existían funcionarios de carrera disponibles para ocupar la plaza.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la designación el 3 de abril de 2025, al determinar que había sido nombrada provisionalmente pese a la disponibilidad de 30 funcionarios de carrera.

La resolución quedó firme en julio de 2026, tras una decisión del Consejo de Estado colombiano.

Pabón había participado anteriormente en actividades de campaña de Gustavo Petro desde Vancouver, según los antecedentes recogidos por la investigación periodística.

Posteriormente, fue nombrada cónsul en Tijuana en enero de 2026 por la entonces canciller Rosa Villavicencio.

La exministra declaró a Caracol Radio que recibió instrucciones para realizar el nombramiento y explicó que la designación de un cónsul antes de la apertura de una sede forma parte de los procedimientos necesarios para organizar su funcionamiento.

Consulado realizó trámites móviles, pero nunca abrió sus instalaciones

Aunque la oficina permanente no comenzó operaciones, Pabón reportó algunas actividades de atención a ciudadanos colombianos durante su gestión.

En el informe presentado al dejar el cargo, la exfuncionaria registró visitas a personas colombianas privadas de la libertad en Baja California y la realización de un consulado móvil durante tres días.

Según ese documento, durante las jornadas se efectuaron 211 trámites y se recaudaron aproximadamente 10 mil dólares.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México había concedido su anuencia al nombramiento de Pabón el 27 de marzo de 2026, dos meses después de que comenzara a recibir remuneraciones.

A finales de octubre, autoridades mexicanas solicitaron informalmente información a Colombia sobre el estado del proyecto consular, del que no habían recibido nuevas comunicaciones desde su autorización inicial.

Fiscalía y Procuraduría de Colombia reciben el caso

La Cancillería colombiana remitió el 27 de agosto documentación relacionada con la creación y el funcionamiento del consulado de Tijuana a la Fiscalía General y a la Procuraduría General de ese país.

Ambas instituciones deberán determinar si existen responsabilidades penales o disciplinarias relacionadas con el manejo de recursos públicos y los procedimientos administrativos utilizados para establecer la representación diplomática.

Pabón declaró a Caracol Radio que conservaba los documentos correspondientes a su gestión, aunque sostuvo que no estaba autorizada para ofrecer declaraciones públicas sin permiso.

De acuerdo con EL PAÍS, el Gobierno colombiano encabezado por Abelardo de la Espriella decidió cancelar definitivamente el proyecto consular de Tijuana.

Con esa determinación, la representación diplomática que había sido creada mediante el Decreto 1405 de noviembre de 2024 no llegará a iniciar operaciones permanentes, pese a los recursos destinados a su organización y al periodo durante el cual contó con una funcionaria designada.