Nueva regla migratoria permitirá a autoridades de Estados Unidos ampliar la evaluación económica de quienes soliciten la residencia permanente.

La nueva regla sobre la causal de inadmisibilidad por carga pública en Estados Unidos ampliará la discrecionalidad de los oficiales migratorios para evaluar las solicitudes de residencia permanente, al considerar un mayor número de factores económicos y personales de los solicitantes.

Así lo informó la abogada internacional y de inmigración, Josefina Orozco López, quien explicó que la disposición fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y entrará en vigor el próximo 18 de septiembre de 2026, modificando el marco regulatorio vigente desde 2022.

Indicó que el cambio no significa que recibir cualquier apoyo gubernamental provoque automáticamente el rechazo de una residencia, sino que cada caso será analizado de manera individual bajo el criterio de la “totalidad de las circunstancias”, lo que incrementa la incertidumbre para los solicitantes.

“La autoridad no solamente revisará si una persona recibió beneficios públicos, sino que evaluará la probabilidad de que en el futuro pueda convertirse en una carga pública, tomando en cuenta diversos factores personales, económicos y familiares”, explicó la especialista.

Orozco López señaló que entre los aspectos que podrán valorar los oficiales migratorios se encuentran la edad, el estado de salud, la situación familiar, los ingresos, el patrimonio, el historial laboral, la preparación académica y la recepción de determinados beneficios sujetos a comprobación de recursos.

Mencionó que la fecha de presentación de las solicitudes será determinante, ya que los trámites enviados antes del 18 de septiembre de 2026 continuarán evaluándose bajo las reglas de 2022, mientras que los posteriores quedarán sujetos al nuevo esquema del DHS.

La especialista precisó que la causal de carga pública no aplica para todas las categorías migratorias, pues existen excepciones previstas para refugiados, asilados, beneficiarios de visas T y U, jóvenes inmigrantes especiales y otros programas de carácter humanitario.

Afirmó que uno de los principales riesgos de la nueva disposición es que algunas familias decidan suspender servicios médicos, apoyos alimentarios u otros beneficios a los que tienen derecho por temor a afectar un futuro trámite migratorio, cuando cada caso deberá analizarse de manera particular.

Finalmente, Josefina Orozco López recomendó a los inmigrantes no tomar decisiones basadas en el temor o la desinformación, sino buscar asesoría especializada antes de renunciar a beneficios públicos o iniciar cualquier trámite migratorio bajo las nuevas disposiciones.