Con esta iniciativa se busca homologar las investigaciones por feminicidio en el país, donde se contempla garantizar justicia también para las víctimas indirectas, como es el caso de los hijos.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la nueva ley general contra feminicidio, la cual busca aumentar las sanciones y homologar la investigación de este delito en todo el país.

Durante la conferencia matutina de este martes 24 de marzo, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) e Ingrid Gómez, subsecretaría de las Mujeres (Semujeres), presentaron junto con la jefa del Ejecutivo, la iniciativa que será enviada hoy mismo al Congreso.

Entre las sanciones que busca implementar esta ley para quien cometa feminicidio, destaca una pena de 40 a 70 años de prisión, así como la pérdida de los derechos parentales con los que haya contado el agresor.

“Hablar de feminicidio no solo es hablar de cifras o de normas jurídicas, es hablar de vidas que fueron arrebatadas y de una deuda histórica en materia de investigación y acceso a la justicia”, afirmó Godoy.

Entre los elementos centrales, se contempla reconocer nueve razones de género para tipificar el delito, como signos de violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder o subordinación, incomunicación de la víctima o exposición del cuerpo.

La propuesta establece penas de 40 a 70 años de prisión para el delito de feminicidio, así como sanciones para su tentativa y al menos 21 agravantes, entre ellas que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad, migrante o perteneciente a pueblos originarios.

Además, plantea que el delito sea imprescriptible, que se investigue de oficio y que el responsable pierda derechos como la patria potestad, derechos sucesorios y cualquier beneficio legal relacionado con la víctima.

Otro de los ejes de la iniciativa es la creación de protocolos homologados de investigación con perspectiva de género, así como el denominado “turno continuado”, que busca evitar interrupciones en las indagatorias por cambios de personal ministerial.

Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, subrayó que la propuesta también incorpora un enfoque integral de atención a víctimas directas e indirectas, especialmente niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad tras un feminicidio.

La iniciativa reconoce derechos como acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica, asesoría jurídica gratuita, servicios de educación y salud para menores, así como la restitución digna de los cuerpos a sus familias.

Asimismo, contempla la reparación integral del daño, que no solo incluye compensación económica, sino políticas públicas de restitución de derechos y protección a víctimas indirectas.