El Departamento del Tesoro incluyó al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, a su hermano Luis Alfonso Torres y al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil, dentro de una acción contra 21 personas y 25 empresas. La UIF incorporó a los señalados a la Lista de Personas Bloqueadas, pero aclaró que la medida no acredita responsabilidad.

WASHINGTON.- El Gobierno de Estados Unidos sancionó este 29 de septiembre a Carlos Alberto Torres Torres, al señalarlo como un operador político presuntamente vinculado con una estructura del Cártel de Sinaloa que tendría presencia en Mexicali.

La medida forma parte de una acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro contra 21 personas y 25 entidades, en la que Baja California ocupa un lugar central por los señalamientos relacionados con presuntas redes criminales, financieras y empresariales establecidas principalmente en Mexicali y Tijuana.

Además de Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, la lista incluye a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, y Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, a quienes la autoridad estadounidense atribuye diferentes niveles de participación y apoyo a una estructura relacionada con Los Rusos, identificada como una subfacción de Los Mayos.

Horas después del anuncio de Washington, el Gobierno de México respondió a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que determinó incorporar a las 21 personas físicas y 25 morales señaladas por Estados Unidos a la Lista de Personas Bloqueadas.

La autoridad mexicana estableció, sin embargo, una diferencia jurídica frente a los señalamientos estadounidenses, destacando que el bloqueo constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no representa una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna.

EU coloca a Carlos Torres en el centro de sus señalamientos en Mexicali

El Departamento del Tesoro identifica a Juan José Ponce Félix, también conocido como Jesús Alejandro Sánchez Félix, alias “El Ruso”, como dirigente de Los Rusos, grupo al que ubica dentro de la estructura de Los Mayos y al que atribuye presencia y control criminal en Mexicali y zonas aledañas.

En ese contexto, la OFAC sostiene que Carlos Torres habría mantenido una alianza con “El Ruso” y utilizado su influencia política para facilitar actividades de esa estructura y proteger al Cártel de Sinaloa frente a acciones gubernamentales y de las fuerzas del orden en Baja California.

El comunicado estadounidense también refiere que el Departamento de Estado revocó la visa de Carlos Torres en mayo de 2025 debido, según la versión de Washington, a su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.

Carlos Torres ya había aparecido previamente en investigaciones y señalamientos públicos en México. La Fiscalía General de la República abrió una investigación derivada de una denuncia en la que se plantearon presuntas actividades relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La existencia de esas investigaciones y la nueva sanción estadounidense no constituyen por sí mismas una sentencia ni acreditan responsabilidad penal.

La OFAC incluyó igualmente a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, a quien atribuye haber participado en la recepción de recursos ilícitos y en su presunto lavado mediante empresas y campañas políticas.

Otro de los nombres incluidos es Pedro Ariel Mendivil García, quien encabezó la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

Según el Departamento del Tesoro, Mendivil habría mantenido una alianza con “El Ruso” y recibido sobornos a cambio de permitir influencia de la organización sobre la Policía Municipal de Mexicali, con el propósito de facilitar actividades de narcotráfico y realizar operaciones contra integrantes de organizaciones rivales.

Washington sostiene además que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales provenientes de Mendivil, mientras que Luis Torres habría sido responsable de recibir esos recursos y participar en su posterior manejo.

Mendivil también enfrentó este año un procedimiento distinto en Baja California. Fue detenido en julio dentro de una investigación estatal por desaparición forzada, robo de vehículo y asociación delictuosa; posteriormente, un juez determinó no vincularlo a proceso al considerar insuficientes los datos presentados para establecer su probable participación. 

México ordena bloqueo, pero no determina culpabilidad

Tras conocer la acción estadounidense, la Secretaría de Hacienda informó que la UIF analizó la información financiera disponible en México respecto de las personas y empresas incluidas por la OFAC.

La dependencia mexicana señaló que entre algunos de los sujetos fueron detectadas operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que consideró suficientes para adoptar medidas preventivas.

Como consecuencia, los 46 sujetos fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas.

Hacienda puntualizó que “la inclusión en la LPB no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna”, por lo que las personas afectadas mantienen la garantía de audiencia y los recursos administrativos y jurisdiccionales previstos por la legislación mexicana.

Tijuana, otro de los principales focos de la OFAC

La operación anunciada por Estados Unidos no se limita a Mexicali, sino que se traslada a Tijuana. Washington identifica a los hermanos Alfonso Arzate García, alias “Aquiles”, y René Arzate García, alias “La Rana”, como responsables de la denominada plaza de Tijuana. Ambos habían sido sancionados por la OFAC desde agosto de 2023.

El Tesoro sostiene que los hermanos Arzate han mantenido durante aproximadamente 15 años una posición relevante en la ciudad mediante violencia, alianzas estratégicas y presuntos actos de corrupción política y policial.

Dentro de su estructura, Estados Unidos identifica como lugartenientes a Pedro Humberto Martínez Rodríguez, alias “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, alias “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, alias “El Ranchero”.

La OFAC les atribuye actos de violencia, así como participación en la producción y traslado de narcóticos, incluido fentanilo, a través de Tijuana hacia Estados Unidos.

También aparece Ilia Elizabeth Felix Rivera, pareja de Martínez Rodríguez, señalada como facilitadora financiera. De acuerdo con Washington, habría utilizado Galerías Centro Cambiario, S.A. de C.V., también conocida como “Magic Casa de Cambio”, con sede en Tijuana, para presuntamente lavar recursos provenientes del narcotráfico.

Los Vera y la red empresarial de Tijuana

En otro nivel de la estructura señalada aparecen Marco Antonio Moreno Gómez Santélices, Carlos Villela Gómez Santélices, Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, a quienes Estados Unidos atribuye diferentes actividades empresariales, financieras o de apoyo relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

La OFAC sostiene que Jerónimo Vera habría participado en narcotráfico y lavado de dinero mediante negocios conjuntos, mientras que Jorge Vera habría funcionado como enlace para actividades de distintas organizaciones criminales en Tijuana y participado en operaciones de lavado.

El Gobierno estadounidense también incluyó a Grupo Baja Fixer, S.A. de C.V.; Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V.; Capital Privado Baja, SAPI de C.V.; Capital Privado Bursátil, S.A. de C.V.; Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, S.A. de C.V.; Conciertos y Espectáculos Inhouse, SAPI de C.V.; Wermak Publired, S.A. de C.V.; Holistic Wellwaves, S. de R.L. de C.V.; Proyecto Alerta Verde, SAPI de C.V.; Videovigilancia Colabirativa, SAPI; Xolo Gas de Baja California, S. de R.L. de C.V.; Lthings Mexico, S. de R.L. de C.V.; Codesuam, S. de R.L. de C.V., y Grupo Baja Firme, S.A. de C.V.

En el bloque relacionado con Mexicali aparecen además Vida Organica Tijuana, S. de R.L. de C.V.; Edifika Desarrollos Baja, S. de R.L. de C.V.; The Woods Bar, S. de R.L. de C.V.; Raes Restaurante, S. de R.L. de C.V.; Distribuidora y Comercializadora ATAF; Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, S. de R.L. de C.V., y Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, S. de R.L. de C.V.

“Mayito Flaco”, objetivo principal de la operación

La acción completa tiene como principal objetivo a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García.

El Departamento del Tesoro sostiene que Zambada Sicairos asumió el liderazgo de Los Mayos después de la detención de su padre en julio de 2024 y le atribuye la dirección de actividades relacionadas con narcotráfico, homicidios, extorsión, corrupción y secuestro.

Nacido en Anaheim, California, en 1982 y con nacionalidades mexicana y estadounidense, Zambada Sicairos fue acusado formalmente por un gran jurado federal del Distrito Sur de California desde julio de 2014 por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero y, según las autoridades estadounidenses, permanece prófugo en México.

También fueron sancionados Hildegardo Gastelum García, alias “Aldo”; Jorge Luis Mendoza Uriarte, alias “Güero Chompas”; Francisco Javier Mendoza Uriarte y Lorenzo Castillo Maldonado, identificados por Washington como integrantes del círculo cercano de Zambada Sicairos.

La empresa Servicios Hoteleros Gastelum, S.A. de C.V. fue incluida igualmente en la designación.

El alcance de las sanciones

En Estados Unidos, las designaciones de la OFAC implican el bloqueo de bienes e intereses patrimoniales de las personas señaladas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de personas estadounidenses. Las restricciones también pueden extenderse a compañías que sean propiedad, directa o indirectamente, en 50% o más de una o varias personas bloqueadas.

La acción se realizó bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última modificada por la 13886, y contó con investigaciones o apoyo de la DEA, FBI, ICE, CBP, la división de investigación criminal del IRS y la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, además de organismos estadounidenses de seguridad y defensa.