La presidenta reitera que la detención tiene sustento legal y que la Fiscalía presentará este martes las pruebas que acumuló desde que se destapó el caso.
Con información de El País
Ni chivos expiatorios ni acuerdos tras bambalinas. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha negado este martes que el Gobierno federal pactara con la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, la detención del exfiscal del Estado César Jáuregui. En su conferencia de prensa matutina, la mandataria ha reiterado que el arresto del funcionario, salpicado por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo antidrogas en abril sin el aval de la Cancillería, está más que justificado. “Hoy es la audiencia y ahí va a presentará la Fiscalía todas las pruebas que tiene. Eso es. No hay más”, ha subrayado.
La detención de Jáuregui ha desatado un terremoto político. Es una nueva página en un caso que no ha dejado de generar polémica. La sorpresiva captura del exfiscal el pasado sábado también ha acumulado críticas dentro del PAN. El partido convervador, que gobierna el Estado, había cerrado filas desde que se destapó la presencia de la CIA. Y la gobernadora se había erigido como punta de lanza de esa defensa. Esa estrategia colocó a Campos en la diana de Palacio Nacional. En algún punto el rifirrafe fue diario.
Pero el arresto lo ha cambiado todo. El abogado del exfiscal, Luis Villegas, comentó el lunes a EL PAÍS que la gobernadora decidió entregarlo en el contexto de las campañas electorales: “La acuso de traidora, porque si alguien la defendió, alguien la protegió, ese fue César Jáuregui, y ese es el pago que ella le da a sus servicios”.
El arresto se concretó a raíz de dos investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía de Chihuahua. El lunes, Campos confirmó el rompimiento total con Jáuregui en un vídeo colgado en redes sociales. “Nadie que haya servido en mi Gobierno, nadie, está por encima de la ley en Chihuahua. La ley se aplica sin distinción, aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie”, afirmó.
Sin embargo, la presidenta ha sido enfática y ha querido separar el caso de la política. Para ella, Jáuregui “violó la ley de seguridad nacional” por permitir la participación de los agentes estadounidenses sin el consentimiento del Gobierno federal. Y ha ido más allá. La mandataria ha dejado en manos de la Fiscalía decidir si hay elementos para procesar a Campos. “Que lo evalúe. No es mi papel. No depende de mí exonerar a una persona o a otra”, ha afirmado.
El escándalo se desató a partir de una tragedia. Los dos agentes de la CIA involucrados en el caso murieron en un accidente carretero en la Sierra Tarahumara. En el suceso también perdieron la vida dos elementos de la Fiscalía estatal. El grupo regresaba de un operativo en el que se desmanteló un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal.
Las explicaciones de lo que pasó y, sobre todo, los súbitos cambios de versiones arquearon más de una ceja. Al principio, el Gobierno de Campos dijo que los agentes estadounidenses eran trabajadores de la embajada. Luego, afirmó que no participaron en el operativo, sino que se encontraron con los agentes de la Fiscalía cuando estos iban de regreso a la capital. La mesa estaba servida para la especulación y el cruce de acusaciones entre Chihuahua y Ciudad de México.
Un semestre después, la Fiscalía estatal y la federal coinciden en que existen evidencias de que los dos estadounidenses sí tuvieron un papel protagonista en aquel operativo. La prensa mexicana ha revelado que los dos agentes —Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black— participaron directamente en el desmantelamiento del laboratorio. E iban armados.
