De acuerdo con La Jornada, los testigos colaboradores de la FGR también señalaron al exgobernador de Guerrero por presuntamente estar ligado a grupos del crimen organizado en la entidad.
Con información de INFOBAE y La Jornada
Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas luego de que habría ordenado desaparecer evidencias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Durante la realización de la audiencia de imputación se dieron a conocer parte de las declaraciones de los testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes lo señalaron por presuntamente tener relación con grupos delictivos que operan en la entidad, así como de haber ordenado que las grabaciones del Tribunal Superior de Justicia en Iguala fueran destruidos, ya que las cámaras captaron el momento en el que el autobús donde se trasladaban los normalistas fue detenido por policías estatales y municipales la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con datos de la diligencia, reportados por el medio La Jornada y realizada en las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, los testimonios revelaron que una de las motivaciones del exgobernador por ocultar los materiales habría sido que su sobrino, Ernesto Aguirre Gutiérrez, “estaba al tanto” de lo ocurrido con los normalistas.
Además, los testigos lo señalaron por presuntamente tener nexos con grupos del crimen organizado en la entidad, situación que también lo habría llevado a decidir que se ocultara el material.
Las grabaciones del Tribunal Superior de Justicia captaron el momento de la detención de los normalistas
El medio detalló que uno de los testigos declaró que “no quería que se supiera porque él (Ernesto, su sobrino) tenía relación con el crimen organizado y se había dado la orden de que ejecutaran a los normalistas porque eran del grupo rival”.
Cabe señalar que las investigaciones también señalaron que los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos habían sido considerados miembros de Los Rojos, grupo rival de Guerreros Unidos, lo que motivó su desaparición.
Además, las declarantes (entre las que se encontrarían la expresidenta y una visitadora del Tribunal Superior de Justicia) habrían señalado al exgobernador por solicitar las grabaciones.Los testigos refirieron que tras la entrega al entonces gobernador de las grabaciones de las cámaras, la presidenta del Poder Judicial de Guerrero habría sido amenazada presuntamente por el exprocurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera, y que la primera ocasión recibió una hoja con fragmentos de textos en los que la señalaban de “traidora” porque estuvo de acuerdo en que una visitadora le entregara las grabaciones a Aguirre Rivero.
La visitadora también le habría dicho a las autoridades que las órdenes que daba Aguirre y su sobrino “se obedecían, incluso Iñaki obedecía al sobrino”.
Es así que durante la diligencia, los representantes de la FGR dijeron al juez que Aguirre Rivero habría ordenado tanto al exprocurador, Iñaki Blanco, como a su sobrino, que desaparecieran las evidencias de lo sucedido con los normalistas de Ayotzinapa.
Por su parte, un cabecilla de Guerreros Unidos identificado como Sidronio Casarrubias Salgado, alias “El Sapo Guapo”, que también brindó su testimonio, aseguró que su grupo delictivo habría aportado recursos para la campaña a la gubernatura de Aguirre Rivero.
Sin embargo, los señalamientos también refieren que el exgobernador “tenía relación con los grupos delictivos” de la entidad, razón por la que lo consideraban “una persona peligrosa” a la que temían.
Luego de la detención del exgobernador de Guerrero, ocurrida el pasado 6 de agosto en el Estado de México, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, detalló que existen indicios de la presunta implicación de Aguirre Rivero en la destrucción de evidencias.
Al respecto, dijo que fueron dos testigos colaboradores quienes brindaron nuevos datos: uno confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a una persona responsable de sustraerlas y llevárselas al exgobernador; mientras que la segunda refirió que Aguirre Rivero realizó una reunión con mandos de primer nivel del gobierno estatal a desaparecer cualquier evidencia del caso.
“Lejos de ser un acto aislad u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, aseguró Godoy.
De formación economista y con más de 40 años de carrera, su gestión quedó marcada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hecho que determinó su salida del poder y el rumbo de las investigaciones en México. Crédito: FGR
Actualmente el exgobernador se encuentra en prisión preventiva en el penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, en los próximos días se realizará la audiencia en el que se definirá si es vinculado a proceso o no.







