El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario.

Con una mayoría clara de 6-3, el Supremo, dominado por conservadores, le sirvió al republicano uno de los primeros grandes reveses de su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda.

En representación de la mayoría, el presidente del Tribunal, John Roberts, indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

Las voces del disenso fueron las de los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores del Supremo.

En su opinión, los tres jueces consideran que no se debe limitar al presidente en estas cuestiones pues consideran que la IEEPA puede usarse en temas de política exterior, lo cual aplica en este caso.

Otras vías para los aranceles de Trump

Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes.

Funcionarios de la Administración ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente con otros basamentos legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos, equivalentes a varios miles de millones de dólares.

Trump ha insistido en que sería «muy decepcionante» que el Tribunal Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles, que según él, son la clave del éxito económico que está cosechando su Administración y para presionar en materia de política exterior a otras naciones.

También ha reconocido que sería «prácticamente imposible» devolver los cantidades cobradas a los importadores.

El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados «aranceles recíprocos», que oscilan entre el 50 % que pagan Brasil y la India y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica.

El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que, Washington considera, esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE.UU.

Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo.

Canadá aplaude la decisión

El Gobierno canadiense aplaudió la posición del Tribunal Supremo sobre los aranceles impuestos por Trump y aseguró que los «aranceles ilegales causaron un inmenso caos económico, aumentando los costos para las familias y las empresas en todo nuestro país».

Canadá, el país del G7 más afectado por los aranceles de Trump, añadió que la decisión de la máxima autoridad jurídica del país refuerza su posición de que los aranceles «son injustificados».

El ministro Dominic LeBlanc, que tiene a su cargo las relaciones comerciales con EE.UU., recordó que a pesar de la sentencia, los sectores canadienses del acero, el aluminio y el automotriz siguen siendo penalizados por Estados Unidos que les está aplicando aranceles de la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio, que determina que esas importaciones amenazan la seguridad nacional.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró que se hubiera llegado a esta decisión luego de que una coalición de estados, entre ellos Nueva York, demandara al Gobierno federal.

«Estos aranceles ilegales causaron un inmenso caos económico, aumentando los costos para las familias y las empresas en todo nuestro país», declaró James en un comunicado.

Empresas estadounidenses piden indemnizaciones

La asociación de pequeñas empresas de Estados Unidos «Pagamos los aranceles» («We Pay the Tariffs») también reaccionó a la decisión del Supremo y consideró que la administración debe indemnizar a las compañías afectadas.

Dan Anthony, director ejecutivo del grupo, declaró que «una victoria legal carece de sentido sin un alivio real para las empresas que pagaron estos aranceles».

La asociación, una de las que más ha batallado y desafiado la decisión de Trump sobre los gravámenes, exige una compensación por los perjuicios económicos, aunque, por el momento, no esté claro cómo puedan valorarse los daños.

«Proporciona una certeza muy necesaria para las empresas y fabricantes estadounidenses», declaró por su parte David French, vicepresidente ejecutivo de relaciones gubernamentales de la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos.

Y añadió que las devoluciones de las cantidades perdidas «servirán como un impulso económico y permitirán a las empresas reinvertir en sus operaciones, sus empleados y sus clientes».