El huachicol fiscal ya cobró una pieza de alto perfil: Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, enfrentaría una orden de aprehensión de  la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con El Universal, el caso de Ruffo está entre más de 200 órdenes contra agentes aduanales, empresarios, personal militar y funcionarios involucrados en el ingreso ilegal de combustibles al país.

Ruffo está vinculado al megadecomiso de 15 millones de litros de huachicol en Coahuila, realizado el 7 de julio. Su nombre aparece como socio mayoritario de Ingemar S.A. de C.V., la empresa señalada en esta operación.

La compañía, que comenzó dedicada a bienes raíces y construcción, dio un giro en 2019 para entrar al negocio de los hidrocarburos. En plena congelación de permisos, Ingemar logró autorización federal para importar hasta 500 millones de litros de gasolinas y diésel.

Tras el decomiso, Ruffo se defendió en entrevista con El Universal. Aseguró que está tranquilo y listo para colaborar:

“Absolutamente. Yo ando aquí haciendo mis negocios en el país, aquí estoy en México y listo, si me llaman y me citan”.

Negó que Ingemar tenga responsabilidad y señaló a otra empresa como la verdadera operadora:

“Crismón es nuestra comercializadora, es nuestro único cliente, fue el que nos autorizó la Comisión Reguladora de Energía. Nosotros sólo tenemos un permiso de importación, pero no tenemos comercializadora”.

Mientras tanto, el gabinete de seguridad que encabeza Omar García Harfuch mantiene la lupa sobre el huachicol fiscal, considerado uno de los negocios ilícitos más jugosos en las aduanas del país.