Las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero han encendido las alertas en los mercados financieros y en el sector bancario nacional. CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas como facilitadoras clave en operaciones vinculadas con el narcotráfico, específicamente relacionadas con el tráfico de fentanilo. Sin embargo, las tres entidades han negado categóricamente cualquier implicación en actividades ilícitas.

Acusaciones desde Washington

El anuncio fue encabezado por Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, quien afirmó que “facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”.

Según la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), esta acción se enmarca en la primera aplicación de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo. Las autoridades estadounidenses argumentan que estas instituciones han jugado un papel prolongado en el lavado de millones de dólares y en la facilitación de pagos para adquirir precursores químicos desde China, utilizados para la producción de fentanilo en México.

El caso más destacado es el de Vector Casa de Bolsa, por razones que van más allá del volumen de los activos administrados —cercanos a los 11 mil millones de dólares—. Vector es propiedad de Alfonso Romo, empresario regiomontano que se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y uno de los operadores políticos más influyentes al inicio del sexenio. Romo fue una figura clave en la interlocución con el sector privado, y acompañó muchas de las decisiones estratégicas del gobierno federal hasta el 2 de diciembre de 2020.

Las transacciones señaladas por FinCEN habrían ocurrido entre 2019 y 2023, periodo que coincide con la administración de López Obrador, lo que ha intensificado el escrutinio sobre el rol de Vector no solo como institución financiera, sino como actor cercano al poder político.

En el caso de CIBanco, se reportó que en 2023 facilitó la apertura de una cuenta para lavar 10 millones de dólares en favor de un integrante del Cártel del Golfo. Además, entre 2021 y 2024, habría procesado más de 2.1 millones de dólares en pagos hacia empresas chinas vinculadas a precursores químicos.

Respecto a Intercam, las acusaciones incluyen reuniones entre ejecutivos y presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a finales de 2022, así como transferencias desde México hacia China por más de 1.5 millones de dólares.

Las instituciones financieras se defienden

Ante la gravedad de los señalamientos, las tres entidades reaccionaron con comunicados oficiales rechazando “de forma tajante y categórica” cualquier implicación con operaciones ilícitas, reafirmando su apego a las regulaciones nacionales e internacionales.

Intercam aseguró operar desde hace casi tres décadas bajo las normas más estrictas en materia de prevención de lavado de dinero, y recordó que los depósitos de sus clientes están protegidos por el IPAB, mientras que sus instrumentos de inversión están resguardados en el Indeval.

Vector, por su parte, subrayó su experiencia de más de 50 años en el mercado bursátil, con auditorías internas y externas constantes. La casa de bolsa también indicó que no ha recibido evidencia alguna que confirme su vínculo con actividades criminales. Agregó que las operaciones observadas por las autoridades corresponden a transacciones con empresas legalmente constituidas, y que las observaciones de instancias mexicanas fueron de índole administrativa y ya fueron atendidas.

En tanto, CIBanco reivindicó sus más de 40 años como una institución financiera “sólida y comprometida con las mejores prácticas bancarias”.

Respuesta oficial del Gobierno mexicano

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó haber sido notificada por el Departamento del Tesoro, pero señaló que, tras solicitar información probatoria a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “no se recibió ningún dato verificable”.

La UIF encontró que más de 300 empresas mexicanas han realizado transacciones con empresas chinas a través de al menos 10 instituciones financieras —no sólo las mencionadas por el gobierno estadounidense— como parte del comercio anual entre México y China, el cual asciende a 139 mil millones de dólares.

La CNBV sí impuso sanciones administrativas por un monto acumulado de 134 millones de pesos a algunas entidades, pero éstas fueron relacionadas con omisiones operativas, no con delitos financieros.

Un entorno de incertidumbre regulatoria

Este caso pone de relieve la creciente presión del gobierno de Estados Unidos sobre los vínculos financieros del crimen organizado en México, particularmente en el contexto del tráfico de fentanilo, un tema prioritario en la agenda bilateral.

El caso de Vector, sin embargo, adquiere una dimensión política más profunda debido a la figura de Alfonso Romo, cuya cercanía con el poder presidencial durante años le dio acceso privilegiado a decisiones clave del gobierno federal. La coincidencia temporal entre los presuntos movimientos financieros y el periodo de mayor influencia política de Romo genera dudas que podrían escalar en los próximos meses.