Autoridades estatales y municipales presentaron el proyecto “Supervía Bajacaliforniana / Viaducto Elevado SUBE-T”, una obra de infraestructura vial que busca mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor flujo vehicular y actividad económica de la ciudad.

El evento fue encabezado por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda; el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; y el presidente del consorcio “Supervía Bajacaliforniana / Elevado de Tijuana SUBE-T”, Alejandro Alencaster.

El viaducto está planteado para conectar el distribuidor vial Morelos con la Garita de Otay, uno de los cruces fronterizos más transitados de la región.

De acuerdo con la información presentada, la obra permitiría reducir los tiempos de traslado en horas pico de hasta 45 minutos a aproximadamente 15 minutos, en beneficio de más de 100 mil vehículos que circulan diariamente por ese corredor.

El proyecto contempla una extensión de 12 kilómetros con seis carriles elevados, tres por sentido, además de 12 accesos y 11 salidas que facilitarían la incorporación y dispersión del tráfico.

Asimismo, se prevé la integración de un carril preferente para transporte público a nivel de superficie, con 15 estaciones a lo largo del trayecto.

Según lo informado, la nueva infraestructura no implicaría la reducción de carriles existentes en las vialidades actuales, por lo que se busca mantener la capacidad operativa del sistema vial mientras se incorpora esta nueva opción de circulación.

En términos ambientales, las autoridades señalaron que la obra podría contribuir a la disminución de emisiones contaminantes al reducir tiempos de traslado y periodos prolongados de congestión vehicular, aunque estos efectos dependerán de su implementación y uso efectivo.

El proyecto será desarrollado mediante una inversión privada estimada en 20 mil 500 millones de pesos, lo que lo convertiría en uno de los desarrollos viales de mayor escala en Baja California bajo este esquema. La construcción estará a cargo de un consorcio integrado por IDINSA y PRODEMEX, con un periodo estimado de ejecución de 33 meses.

De acuerdo con el modelo planteado, la vialidad operará mediante un sistema de peaje con tarifa dinámica, como mecanismo para la recuperación de la inversión.

Autoridades indicaron que este tipo de infraestructura busca atender una problemática persistente en Tijuana relacionada con la congestión vehicular, especialmente en zonas de conexión hacia la frontera, donde el crecimiento urbano y la actividad económica han incrementado la demanda de movilidad en los últimos años.