El gobierno de Estados Unidos ha solicitado en reiteradas ocasiones al gobierno de México investigar y, de ser el caso, procesar o extraditar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado, según reveló la agencia de noticias Reuters este miércoles, citando a cuatro personas con conocimiento directo de las conversaciones bilaterales.
Con información de Reuters | Reporte de Diego Oré; edición de Stephen Eisenhammer, Suzanne Goldenberg y Lisa Shumaker.
De acuerdo con el reportaje, las solicitudes habrían sido planteadas en al menos tres ocasiones por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su equipo, durante reuniones y diálogos formales con representantes del gobierno mexicano. Las discusiones, que no habían sido reportadas previamente, incluyeron también advertencias de nuevos aranceles a productos mexicanos si no se tomaban medidas concretas.
Según Reuters, en las conversaciones se habría mencionado a cinco funcionarios actuales del partido Morena y a un exsenador, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La agencia indicó que no pudo verificar de forma independiente si estas personas han cometido delitos, ni si EE.UU. entregó pruebas o una lista formal con los nombres.
En declaraciones proporcionadas directamente a Reuters, la gobernadora Ávila negó rotundamente cualquier vínculo con grupos criminales:
“Afirmo categóricamente que es totalmente falsa cualquier información que pretenda vincularme con algún grupo del crimen organizado”.
Cancillería niega solicitud formal de EE.UU.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechazó públicamente la existencia de tales solicitudes. En una publicación difundida en la red social X (antes Twitter), la dependencia señaló:
“Es absolutamente falso que en las reuniones con el secretario Rubio o su equipo en el Departamento de Estado, se hayan hecho solicitudes para investigar, procesar o extraditar a algún funcionario mexicano”.
Las instituciones mexicanas clave, como la Presidencia, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, no respondieron a las solicitudes de comentarios enviadas por Reuters. Del lado estadounidense, tampoco respondieron la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia ni el Departamento de Seguridad Nacional.
Contexto y antecedentes
Según Reuters, la primera solicitud formal de Washington habría ocurrido el 27 de febrero en una reunión celebrada en la capital estadounidense entre Marco Rubio y el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente. También participaron en ese encuentro la fiscal general estadounidense Pam Bondi, así como altos funcionarios de los Departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Tesoro. Por parte del gobierno mexicano, estuvieron presentes el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Días después, a finales de febrero, México extraditó a 29 presuntos integrantes de cárteles del narcotráfico a Estados Unidos, en lo que Reuters califica como “la mayor entrega de este tipo en años”.
En el marco de estas conversaciones, también se discutió la posibilidad de acelerar la captura o deportación de objetivos prioritarios para agencias estadounidenses como la DEA y el FBI. Reuters señala que incluso se propuso la designación de un “zar del fentanilo” en Estados Unidos que mantuviera contacto directo con la presidenta Claudia Sheinbaum para dar seguimiento al combate al opioide sintético.
Riesgos políticos para el nuevo gobierno
El reportaje subraya que una ofensiva de esta magnitud contra funcionarios en funciones implicaría una escalada sin precedentes en la cooperación bilateral en temas de seguridad y justicia. Sin embargo, también plantea riesgos políticos internos para la presidenta Sheinbaum, ya que las investigaciones involucrarían a miembros activos de su propio partido.
Aunque la Fiscalía General de la República opera con autonomía constitucional respecto del Ejecutivo, desde hace años Washington ha acusado a México de proteger a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, recordó Reuters.
En México, gobernadores y legisladores federales en funciones gozan de fuero constitucional y solo pueden ser procesados por delitos graves como delincuencia organizada o narcotráfico si el Congreso lo autoriza.
Fuente original: Reuters
Reporte de Diego Oré; Edición de Stephen Eisenhammer, Suzanne Goldenberg y Lisa Shumaker.
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