Con el objetivo de facilitar la inserción laboral de jóvenes egresados de educación media superior y superior, el diputado Diego Alejandro Lara Arregui presentó una iniciativa para adicionar el artículo 36 Bis a la Ley de la Juventud, a fin de que el servicio social sea reconocido como experiencia laboral acreditable en los procesos de reclutamiento, selección y contratación, tanto en el sector público como en el privado.

La propuesta parte de un diagnóstico recurrente en el mercado laboral: miles de jóvenes enfrentan el rechazo sistemático en sus primeras búsquedas de empleo debido a la exigencia de experiencia previa, pese a haber cumplido con el servicio social obligatorio que el propio Estado demanda como requisito para la titulación o conclusión de estudios. Para el legislador, esta práctica no responde necesariamente a las necesidades reales de los puestos, sino que se traduce en una forma de exclusión que limita las oportunidades de inserción profesional.

Durante la presentación de la iniciativa, Lara Arregui subrayó que el servicio social constituye una intervención profesional efectiva, en la que los jóvenes desempeñan funciones concretas y supervisadas en áreas como administración, derecho, contabilidad, salud, tecnologías de la información e intervención social. Sin embargo, dicha experiencia suele ser desestimada al momento de evaluar perfiles para un empleo formal.

El diputado explicó que, al tratarse de una actividad evaluada y avalada por las instituciones receptoras, el servicio social posee un carácter formativo y profesional que amerita su reconocimiento legal como experiencia laboral. En este sentido, precisó que la vía adecuada para garantizar ese reconocimiento es la Ley de la Juventud, al ser el ordenamiento que regula los derechos vinculados al empleo, la capacitación y la vinculación profesional de las personas jóvenes en la entidad, y no exclusivamente la Ley de Educación.

La iniciativa establece que el servicio social realizado conforme a los artículos 112 y 113 de la Ley de Educación deberá considerarse como experiencia laboral acreditable. Asimismo, plantea prohibir que una persona joven sea excluida de una convocatoria laboral bajo el argumento de falta de experiencia, siempre que cuente con la constancia correspondiente emitida por la institución donde realizó su servicio.

De acuerdo con el promovente, la reforma busca cerrar una brecha histórica entre la formación académica y el acceso al empleo formal, al transformar el servicio social de un requisito obligatorio en una experiencia reconocida dentro del mercado laboral. El planteamiento será analizado en el proceso legislativo correspondiente para determinar su viabilidad y alcances en beneficio de la población juvenil del estado.