La Suprema Corte de Estados Unidos emitió este viernes un fallo que otorga una victoria procesal clave a la administración de Donald Trump en su intento por restringir la ciudadanía automática por nacimiento.

Con una mayoría conservadora de seis votos contra tres, el máximo tribunal determinó que los tribunales federales de distrito no tienen autoridad para imponer bloqueos nacionales a la aplicación de la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, día en que inició su segundo mandato.

El dictamen no se pronuncia sobre los méritos de fondo de la medida, que busca negar la ciudadanía estadounidense a hijos de migrantes indocumentados o personas con visados temporales. En cambio, la decisión se centra exclusivamente en la jurisdicción de las cortes de menor instancia para emitir suspensiones de alcance nacional.

La jueza Amy Coney Barrett, quien redactó la opinión de la mayoría, argumentó que los tribunales federales “no ejercen una supervisión general sobre el poder ejecutivo” y que su función se limita a resolver casos específicos conforme a la autoridad conferida por el Congreso. Barrett subrayó que cuando un tribunal considera que el Ejecutivo actúa de manera ilegal, “la respuesta no es que el tribunal también exceda su poder”.

La resolución revisa las decisiones de tres jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts, quienes en procesos paralelos habían bloqueado temporalmente la implementación de la orden ejecutiva en todo el país. Estos jueces consideraron que el presidente carece de facultades para modificar unilateralmente la interpretación constitucional del derecho de ciudadanía, establecido en la Enmienda 14.

Según datos del Migration Policy Institute, cerca de 255,000 niños nacen cada año en Estados Unidos con al menos uno de sus padres en situación migratoria irregular o con permisos temporales, población que podría quedar excluida de la ciudadanía automática si la medida entra en vigor.

La orden ejecutiva permanecerá pausada al menos 30 días adicionales, periodo durante el cual los demandantes podrán presentar demandas colectivas como estrategia alternativa para impugnar la política. Expertos legales señalan que la disputa de fondo—la constitucionalidad de la medida—probablemente volverá a escalar hasta la Suprema Corte en los próximos meses.

En una manifestación inusual de desacuerdo, la jueza liberal Sonia Sotomayor leyó su voto disidente desde el estrado, advirtiendo que el fallo “renuncia al papel vital” de la Corte en la protección de los derechos fundamentales. Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson calificó la decisión como una “amenaza existencial al Estado de derecho”, al considerar que permite al Ejecutivo “ejercer poder arbitrario e incontrolado” mientras se resuelven los litigios.

La limitación de la ciudadanía por nacimiento fue una de las principales promesas de campaña de Trump durante su regreso a la presidencia y forma parte de una estrategia más amplia de endurecimiento de la política migratoria. Aunque el fallo no convalida la legalidad de la orden, representa un paso procesal que podría allanar el camino para su eventual aplicación.