El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso del Estado, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California con el fin de sancionar penalmente a los elementos de corporaciones policiales que finjan enfermedades o incapacidades para eludir sus responsabilidades laborales.
La propuesta legislativa contempla penas de seis meses a seis años de prisión, además de hasta doscientos días de multa, para los agentes que de manera dolosa simulen una condición médica que les impida cumplir con su función dentro de las instituciones de seguridad pública. Asimismo, se propone castigar al personal médico que participe en esta simulación mediante la emisión deliberada de incapacidades sin causa justificada.
Ramos Hernández argumentó que esta práctica representa una forma de corrupción administrativa con consecuencias graves para la seguridad ciudadana. “El hecho de que un agente de seguridad pública simule estar enfermo para no presentarse a su trabajo tiene un gran impacto negativo en el servicio de seguridad. Esta conducta debe ser tratada con una figura penal específica”, señaló el legislador.
La iniciativa plantea adicionar los artículos 221 Bis y 273 Ter al Código Penal estatal. De acuerdo con Ramos, durante el año 2024 el gobierno municipal de Tijuana reportó más de 300 elementos policiales incapacitados, algunos de los cuales presuntamente habrían utilizado este recurso para realizar actividades ajenas —e incluso contrarias— al servicio público.
“Si a la ya baja tasa de policías por cada mil habitantes se le suma el probable uso indebido de incapacidades médicas, se vuelve urgente detener esta práctica y sancionar a quien abuse del sistema”, concluyó.
El legislador subrayó que la percepción negativa de la seguridad pública en Baja California, y la creciente exigencia ciudadana por resultados, hacen necesario fortalecer la integridad y operatividad de las corporaciones policiacas en los tres niveles de gobierno.
La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y posible dictaminación en próximas sesiones del Congreso local.
