Una inversión pública diversificada es fundamental para asegurar la creación de empleo y el desarrollo regional, destacó el organismo empresarial.

Roberto Vega Solís, presidente de Coparmex Tijuana, señaló que el Paquete Económico 2026 plantea retos importantes para la estabilidad del país: déficit, aumento de impuestos, certidumbre para la inversión y la necesidad de evitar recortes en seguridad, salud y educación.

El presupuesto propone un gasto de 10.1 billones de pesos, frente a ingresos estimados de 8.7 billones, lo que genera un déficit y un nivel de endeudamiento de 4.1% del PIB, apenas por debajo del proyectado para 2025. Aunque las expectativas de crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8% lucen optimistas, dependen de las garantías que otorgue el gobierno en la inversión, la seguridad y la certeza jurídica.

En Coparmex preocupa que el déficit proyectado para 2025 (3.9%) se haya estimado finalmente en 4.3%. Sin embargo, resulta positivo que las principales calificadoras internacionales mantengan la confianza en la política fiscal mexicana. “Es indispensable que el Gobierno cumpla con sus metas de crecimiento, recaudación y endeudamiento para mantener la estabilidad económica”, afirmó Vega Solís.

El gasto público presenta señales de alerta. El recorte de -3.2% en la Secretaría de Salud se da cuando más de 44 millones de mexicanos carecen de acceso a servicios médicos. En Educación, el aumento de 6.4% sigue siendo insuficiente para atender el rezago. Más grave aún, la reducción de -17.5% en Seguridad Ciudadana debilita la capacidad del Estado para proteger a la población y sostener un entorno atractivo para la inversión.

Aunque el presupuesto estima que la inversión pública crecerá 19.8% y alcanzará 1.25 billones de pesos (3.2% del PIB), de los cuales 960.1 mil millones corresponden a inversión física, sigue lejos de la meta del 5% requerida para detonar inversión privada. Además, uno de cada cuatro pesos se destina a PEMEX, limitando la diversificación de proyectos estratégicos.

El Paquete Económico también plantea un aumento de impuestos que podría afectar la confianza de los inversionistas, entre ellos el alza del IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos con contenido violento, además de la eliminación de la deducibilidad de la cuota que pagan los bancos al IPAB. Aunque el combate a factureras es necesario, las restricciones al derecho de defensa del contribuyente y a la certeza jurídica generan señales de incertidumbre fiscal que desincentivan la inversión.

La Ley de Ingresos prevé un incremento de 62.2% en los impuestos de importación y una reforma a la Ley Aduanera. Si bien estos cambios buscan equilibrar la balanza comercial, un alza excesiva en gravámenes podría presionar la inflación, frenar procesos productivos y deteriorar la competitividad, particularmente de las MiPyMEs, que requieren trámites ágiles y eficientes para su crecimiento.

El espacio fiscal también se reduce por el alto gasto en pensiones, que alcanza los 2.3 billones de pesos (considerando pensiones contributivas y no contributivas como la Pensión a Adultos Mayores), equivalente a 6% del PIB, y el costo financiero de la deuda de 1.6 billones, factores que restringen la capacidad de maniobra del Gobierno.

“Desde Coparmex insistimos en la importancia de destinar recursos al fortalecimiento de las MiPyMEs, que son el corazón de la economía mexicana y generan la mayoría de empleos, por lo que deben ser prioridad. Invertir en infraestructura, capacitación, tecnología y programas de apoyo para estas empresas permitirá que el crecimiento económico llegue a todos los sectores y regiones del país”, subrayó el presidente de Coparmex Tijuana.

Finalmente, Vega Solís reiteró que la estabilidad fiscal y el crecimiento sostenible dependen de factores como seguridad, Estado de Derecho, certeza jurídica y condiciones favorables para la inversión.