⁠La confederación respalda la creación de una Ley General contra ese delito que unifique criterios, eleve sanciones y fortalezca la coordinación nacional.

La aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión representa un avance necesario ante un delito que afecta la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social.

Ante ello, el presidente en Tijuana de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Roberto Vega, expresó que se ha insistido en la urgencia de contar con un marco jurídico integral y uniforme para frenar su expansión, que hoy golpea con especial dureza a comercios, transportistas y a las micro, pequeñas y medianas empresas, MiPyMEs, del país.

“Esta nueva Ley responde a una demanda ciudadana y empresarial para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la coordinación de todas las autoridades en el combate a una de las prácticas ilícitas de mayor impacto para las familias, las comunidades y el tejido productivo del país”, comentó.

En México, añadió, la dimensión del problema es innegable: Sin considerar la cifra negra de 97% de denuncias que no se hacen por miedo o desconfianza en las autoridades, los datos oficiales revelan que cada día 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión y, tan solo en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos.

Señaló que a través de #DataCoparmex, se confirma que el 12.8% de las empresas socias han sido víctimas, principalmente mediante llamadas telefónicas (70.5%). Este escenario condiciona las decisiones de inversión y crecimiento, dado que el 49.5% de los afiliados considera que la inseguridad es el principal obstáculo para desarrollarse. Estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles.

“En Coparmex consideramos que la promulgación de esta ley abre una oportunidad para el país y exige que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales doten de recursos, capacidades técnicas e infraestructura institucional a todas las autoridades responsables”, manifestó.

El presidente de Coparmex Tijuana, puntualizó que para que la nueva Ley General pueda traducirse en resultados reales, son necesarias tres acciones indispensables:

1.⁠ ⁠Garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementación.
2.⁠ ⁠Capacitar a Policías, Fiscalías y Jueces para asegurar una aplicación correcta y efectiva del nuevo marco jurídico.
3.⁠ ⁠Sensibilizar a Gobernadores y Congresos locales para homologar cuanto antes sus legislaciones, de manera que la operación nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar un delito que hoy avanza sin límites.

Reafirmó que desde Coparmex hay disposición para colaborar con el Poder Legislativo, autoridades de seguridad y gobiernos estatales y municipales en una reglamentación clara que brinde certeza a las víctimas y asegure definiciones precisas que protejan plenamente los derechos humanos y eviten interpretaciones discrecionales.

“México necesita instituciones que respondan a la urgencia y empresas que operen en un entorno de seguridad y confianza, sin intimidación, donde las familias vivan con tranquilidad y donde ningún grupo que opera al margen de la ley condicione la vida económica o social de las comunidades”, concluyó.