Para el organismo empresarial es necesario mejorar las condiciones económicas, antes de aplicar la jornada laboral reducida.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana señaló que la propuesta de jornada laboral reducida no debe aplicarse sin antes realizar un análisis profundo del entorno económico, pues ello podría incrementar el desempleo, alentar la informalidad y afectar de forma directa a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país.

Lo anterior lo indicó el C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE Tijuana, tras su participación en el foro organizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sobre la jornada laboral reducida, esto como parte de un programa que busca recabar opiniones técnicas, sociales y económicas sobre el impacto de reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales.

Durante su intervención, el C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE Tijuana, expuso que si bien existe apertura al diálogo, el contexto económico actual no permite una implementación inmediata, sin afectar negativamente al empleo formal y a las Mipymes.

“No es que estemos en desacuerdo en su aplicación inmediata, creo que debe haber un análisis muy profundo sobre nuestra economía, de cómo estamos actualmente”, expresó.

Y es que el líder empresarial destacó que México enfrenta una informalidad creciente, con más de 180 mil personas que migraron a esquemas no formales durante mayo, además de un crecimiento económico estancado, un aumento en la carga fiscal y una disminución en la inversión productiva.

Además, agregó que reformas recientes, como el incremento al 100% en los días de vacaciones y la elevación del Impuesto sobre Nómina, han debilitado la capacidad de las empresas, en especial de las Mipymes que la conforma el 98 % del total de las Empresas de nuestro País

Y de estas “Casi el 50% de nuestra generación de empleo son Micro Empresas que tienen de 1 a 10 empleados, y al quitarles un día de trabajo se les priva un ingreso muy fuerte. Ese impacto representa hasta un 30% para una pequeña empresa”, advirtió Lyle Fritch.

Asimismo, señaló que el panorama económico se ha visto afectado por factores como la inflación acumulada de 4.2 % hasta mayo, aunado a la paralización de inversiones extranjeras y la imposición de aranceles del 50% en acero, aluminio y autopartes, lo cual genera incertidumbre en el entorno empresarial.

En ese sentido, indicó que cualquier reforma de este alcance debe considerar las condiciones estructurales del país y plantearse con un enfoque gradual y responsable, que no debilite el empleo formal ni incentive el crecimiento de la informalidad.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, subrayó la importancia de construir consensos sobre el mecanismo para implementar la reducción de la jornada laboral, al contemplar las distintas realidades productivas del país, donde se privilegie el diálogo como vía para avanzar.

En ese tenor, el funcionario federal sostuvo que esta iniciativa representa una oportunidad histórica para actualizar el modelo laboral en México y lograr que la transformación tome en cuenta, tanto el bienestar de las y los trabajadores, como la sostenibilidad de las empresas en sus distintas dimensiones y sectores.

“Cómo nos vamos a poner de acuerdo para llegar a las 40 horas semanales, porque esto a su vez es una invitación a que todas y todos seamos parte de un capítulo inédito de la historia de este país, que es la construcción de un nuevo modelo laboral con bienestar, en donde quepan todas y todos”, expresó.

Finalmente, reiteró que este ejercicio de diálogo continuará en otras entidades federativas, tomando en cuenta las diferentes vocaciones económicas y posturas del sector productivo, bajo el compromiso de avanzar sobre dos rieles fundamentales: la gradualidad y la apertura a escuchar todas las voces.

En el foro también se dieron cita Maiella Gómez Maldonado, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados; Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS; Alejandro Arregui Ibarra, titular de la STPS en Baja California; Quia Chávez Domínguez, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral; Hugo Vela Reyna, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes.

Asimismo, Tey Wendolyne Retana Alarcón, titular de la Unidad Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral; Esperanza Ortega Azar, presidenta nacional de Canacintra; y Pedro Paulo Orraca Moreno, director del Departamento de Estudios Económicos del Colef.