El Congreso de Baja California emitió un exhorto a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) para que realice ajustes en la facturación del servicio de agua potable a las personas usuarias de Tijuana y Playas de Rosarito que se vieron afectadas por la suspensión del suministro en días recientes.

La propuesta fue presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, quien expuso que, como organismo operador, la CESPT tiene la responsabilidad de aplicar criterios de equidad administrativa cuando el servicio no se presta de manera efectiva. En su intervención, señaló que las interrupciones obedecieron a trabajos técnicos de reparación y mantenimiento en infraestructura estratégica del sistema de conducción.

De acuerdo con lo expuesto, la suspensión impactó de forma directa en la vida cotidiana de miles de familias, al dificultar actividades básicas de higiene y generar gastos adicionales para cubrir el consumo, como la compra de agua embotellada o la contratación de pipas.

Si bien se reconoció la relevancia de las labores de mantenimiento para asegurar la continuidad del servicio en el largo plazo, se planteó que los costos derivados de la falta de suministro no deberían trasladarse a las personas usuarias, en particular tratándose del acceso al agua, considerado un derecho constitucional.

En el planteamiento se citó que, ante suspensiones prolongadas, otros organismos operadores del país han aplicado esquemas de descuentos o exenciones proporcionales en los recibos, con el objetivo de evitar cobros inequitativos cuando el servicio no se brinda.

Con base en lo anterior, el Congreso exhortó al director general de la CESPT, Jesús García Castro, a que, dentro de sus atribuciones, instruya que los días sin suministro no sean considerados para efectos de facturación y que se realicen los ajustes correspondientes de manera proporcional y general para las personas usuarias afectadas.