El Congreso del Estado de Baja California aprobó un exhorto dirigido al secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, en su calidad de representante del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como a los Sistemas DIF municipales, para que informen sobre las estrategias, programas y políticas implementadas para prevenir, atender y sancionar los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en la entidad.

La propuesta fue impulsada por la diputada Michel Sánchez Allende, quien advirtió que, pese a que desde 2021 el Código Civil del Estado prohíbe expresamente el matrimonio entre personas menores de 18 años, persisten prácticas sociales que reproducen uniones informales entre adultos y menores de edad. Estas uniones, conocidas como cohabitación forzada, constituyen —dijo— una violación directa a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Sánchez Allende destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas mediante acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado, el Sistema DIF estatal, los municipios y las dependencias vinculadas con derechos humanos, educación y salud, con el fin de asegurar una atención integral a las víctimas. “La prevención y atención de este tipo de prácticas requiere del compromiso conjunto de las instituciones y la sociedad para garantizar una vida libre de violencia a la niñez bajacaliforniana”, subrayó.

El exhorto también fue dirigido a la presidenta del DIF Estatal, Mavis Olmeda García, así como a las titulares de los DIF de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada, a Josefina Madrid Castro, directora del DIF de Playas de Rosarito; al alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López, y a la alcaldesa de San Quintín, Miriam Elizabeth Cano Núñez, con el propósito de reforzar los programas de detección temprana, atención integral y acompañamiento a víctimas, además de intensificar las campañas de sensibilización en comunidades donde estas prácticas aún persisten.

En la misma sesión, la diputada Michel Sánchez, junto con el diputado Jaime Eduardo Cantón Rocha, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar el delito de cohabitación forzada, con el objetivo de sancionar a quienes obliguen, manipulen o induzcan a una persona menor de edad a convivir de manera equiparable al matrimonio. La propuesta incluye agravantes para familiares o tutores que promuevan o toleren estas conductas.

La legisladora advirtió que estas uniones, frecuentemente legitimadas por usos y costumbres o contextos de pobreza y desigualdad, exponen principalmente a niñas y adolescentes a violencia sexual, explotación física, psicológica y abuso, afectando su desarrollo integral.