El organismo empresarial advirtió que las reformas aprobadas representan un retroceso en materia de justicia y certeza jurídica.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana expresó su rechazo a las reformas a la Ley de Amparo aprobadas el pasado 15 de octubre, al considerar que la medida vulnera derechos fundamentales y elimina una herramienta esencial para la protección de ciudadanos y empresas frente a actos de autoridad.

El C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del organismo cúpula, señaló que la modificación legal reduce la capacidad de defensa de la población, al eliminar la posibilidad de suspender actos gubernamentales que puedan causar daños irreparables mientras se resuelve un juicio.

“En lugar de ayudar al empresariado y a la población, vamos retrocediendo; nos están quitando una herramienta que teníamos como el Amparo, que servía para frenar abusos de autoridad y defendernos de actos injustos del gobierno”, afirmó.

Explicó que el amparo permitía otorgar un margen de tiempo para que los ciudadanos o empresas pudieran presentar sus argumentos ante los tribunales antes de que una decisión se ejecutara.

“Con esta nueva ley prácticamente nos están quitando ese beneficio que ya era un derecho ganado para protegernos contra actos autoritarios del gobierno”, subrayó el dirigente.

Lyle Fritch, ejemplificó los posibles impactos con el caso reciente de la empresa Samsung, a la que el gobierno federal impuso un cobro de 300 mil millones de pesos por concepto de IVA duplicado en mercancías de importación temporal.

“Esa compañía ya analiza retirarse del país, y con esta reforma no podría ampararse para defenderse legalmente, lo que demuestra cómo la incertidumbre jurídica desalienta la inversión y la generación de empleos”, advirtió.

El líder del CCE Tijuana sostuvo que las reformas, sumadas a la reciente reconfiguración del Poder Judicial, generan un entorno de desconfianza y paralizan sectores clave de la economía.

En Baja California, indicó, la industria de la construcción ha perdido más del 30% de su actividad y más de 200 empresas han cerrado, mientras que en el sector manufacturero se han registrado más de 30 mil empleos perdidos.

Finalmente, alertó que la eliminación de mecanismos de protección y de organismos autónomos como el INAI debilita la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, donde “Si el gobierno decide emprender obras con daños ambientales o fiscales, ya no habrá amparo que los detenga”, señaló.