El informe, divulgado por la organización I(dh)eas, que agrupa a diversas organizaciones de desaparecidos, también advierte fallas estructurales graves en la búsqueda y protección de víctimas y sus familias.

México concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otro país del mundo y registró un repunte significativo en los últimos meses, de acuerdo con la más reciente actualización del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), señalamientos que fueron rechazados por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El informe, divulgado por la organización I(dh)eas, que agrupa a diversas organizaciones de desaparecidos, también advierte fallas estructurales graves en la búsqueda y protección de víctimas y sus familias.

Señala que el país acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026 —el 38 % del total global— y solo en los cinco meses más recientes (septiembre de 2025 a febrero de 2026) sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo.

Irak es el segundo país más señalado, con 669 casos.

Este incremento llevó a la organización a pedir que la ONU publique la versión completa del informe para transparentar las cifras y advertir sobre el deterioro de la situación. La ONG subrayó que el mecanismo, concebido como un recurso humanitario excepcional para localizar a personas desaparecidas de manera urgente, se ha vuelto “recurrente y estructural” en México.

Posible investigación internacional

Aunque el Comité reconoció que el Estado mexicano responde formalmente dentro de los plazos establecidos, señaló fallas continuas en la implementación.

Entre ellas, la ausencia de planes integrales de búsqueda, demoras en diligencias esenciales —como el análisis de videovigilancia y telefonía—, investigaciones insuficientes de la posible participación de agentes estatales y una protección inadecuada para familiares y personas buscadoras.

El informe documenta incluso casos de represalias durante los procesos de búsqueda, como la desaparición de un padre que denunciaba la implicación de agentes de seguridad en la privación de libertad de su hijo en Guanajuato.

I(dh)eas advirtió que la acumulación de casos y la falta de resultados pueden influir en la eventual aplicación del artículo 34 de la Convención, que permitiría al Comité iniciar una investigación internacional ante indicios de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas y remitir el caso a la Asamblea General de la ONU.

Desapariciones colectivas, migración y el Estado

El 30 % de las nuevas acciones urgentes se concentró en Chiapas, sobre todo desapariciones colectivas de personas migrantes ocurridas entre octubre y diciembre de 2024.

Jalisco fue el segundo estado más señalado, con casos donde presuntos agentes estatales o personas que se hicieron pasar por ellos habrían detenido por la fuerza a varias víctimas.

En Sinaloa, las desapariciones se relacionaron con disputas territoriales y la presencia de grupos criminales en zonas donde se ha documentado colusión con autoridades.

En Baja California, Tamaulipas y Guanajuato, varios casos antiguos —de más de ocho años— no han registrado avances sustanciales.

Del total de víctimas, 65 % son hombres o niños, 35 % mujeres o niñas y 18 % menores de edad. Entre los expedientes se incluye la desaparición de un familiar que participaba activamente en la búsqueda de otro desaparecido.

“Las cifras muestran una situación grave y persistente que evidencia deficiencias estructurales del Estado mexicano en materia de búsqueda e investigación”, afirmó I(dh)eas al solicitar que el informe completo sea difundido públicamente. 

El alto número de desapariciones en México podría ser crimen de lesa humanidad: Comité ONU

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó este jueves a Naciones Unidas que considere medidas destinadas a apoyar al Gobierno de México en la prevención, investigación y erradicación de este delito, perpetrado a tales niveles que podría considerarse crimen de lesa humanidad.

“El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.

En un comunicado, el comité citó como muestra de la gravedad de la situación el continuo hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, en su mayoría no identificados.

A pesar de las medidas adoptadas desde que miembros de este comité visitaran México en 2021, “la situación no ha mostrado una mejora sustancial”, lamentó.

Agregó que “las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis y siguen siendo urgentes reformas estructurales para prevenir las desapariciones”.

El comité indicó que muchas de estas desapariciones se producen en el contexto de la “guerra contra las drogas” a nivel nacional, aunque sin indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas, con sospechas de que muchas son perpetradas por grupos delictivos.

Sin embargo, advirtieron los expertos, en algunos casos denunciados las investigaciones apuntan a la posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos su apoyo o aquiescencia.

La solicitud del grupo de expertos se ha enviado al secretario general de la ONU, António Guterres, para que la remita urgentemente a la Asamblea General.

Las medidas que podría adoptar ese órgano, según el comité, podrían incluir cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva tanto de las desapariciones como de los vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado. 

México rechaza informe del Comité de la ONU

El Gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité de la ONU en un comunicado este jueves.

“México rechaza el informe del Comité por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”, difundió.

El gobierno consideró que el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar.

“Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”, aseguró.

“Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”, añadió.

El Gobierno de Sheinbaum agregó que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas y resaltó que ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.

El Gobierno mexicano enlistó acciones que ha emprendido contra tal problema:

– La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

– La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.

– La Base Nacional de Carpetas de Investigación.

– La Plataforma Única de Identidad.

– La obligación de fiscalías especializadas estatales.

– El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

– El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.

– La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.

– La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.

Con información de EFE.