El déficit fiscal, la pérdida de empresas y el crecimiento de la informalidad exigen cambios en la política tributaria estatal y federal.

El escenario económico y financiero que enfrenta Baja California para 2026 muestra señales de alerta ante el crecimiento del déficit fiscal, el incremento de la deuda pública y la constante desaparición de empresas formales, lo que obliga a replantear de manera inmediata un esquema fiscal reformado en la entidad y a nivel nacional.

Lo anterior lo expuso el C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, durante su participación en el desayuno técnico de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), que preside el C.P.C. Martín Guisado Valdez.

El dirigente advirtió que el país arrastra un déficit fiscal de alrededor de 1.393 billones de pesos en el presente año, mientras que en 2025 fue de 1.17 billones; 1.69 billones en 2024, y de 1.13 billones en 2023.

Dicha situación, resaltó, ha provocado que la deuda pública se eleve de 10.5 a más de 20 billones de pesos en los últimos siete años.

“Esto es preocupante, porque cada año se castigan rubros como salud, educación e infraestructura, mientras la deuda sigue creciendo, por ello se requiere una reforma fiscal más moderna, enfocada en recaudar mejor y atacar la informalidad”, señaló.

Lyle Fritch explicó que actualmente el 55% de las empresas en México opera en la informalidad, lo que genera que la carga fiscal recaiga casi en su totalidad sobre el 45% de los negocios formales.

En ese sentido, subrayó que en los últimos cuatro años se han perdido alrededor de 40 mil empresas en el estado, mientras que el promedio de cierre es cercano a 900 unidades económicas por mes.

Dicha tendencia no se revertirá, consideró, si no se generan estímulos fiscales y se reduce la presión impositiva, pues, de lo contrario, continuará el cierre de empresas y la pérdida de empleos, además de que millones de trabajadores seguirán sin acceso a prestaciones sociales.

El líder del CCE Tijuana reiteró la necesidad de revisar impuestos estatales como el Impuesto Sobre Nómina, que se incrementó de manera significativa en 2023, y de replantear el equilibrio entre el gasto social y la inversión productiva, dado que actualmente se destina más a programas asistenciales que a infraestructura y seguridad.

Por su parte, el C.P.C. Martín Guisado Valdez, presidente de la AMCP, coincidió en la gravedad del panorama descrito, al tratarse de cifras oficiales que reflejan un crecimiento acelerado de la deuda pública y una presión cada vez mayor sobre los contribuyentes formales.

“Son datos que preocupan, porque el endeudamiento sigue creciendo y el gasto no siempre se orienta a las áreas que detonan el desarrollo económico, entonces es algo en lo que el gobierno debe poner mucha atención”, apuntó.

Finalmente, el dirigente gremial subrayó que 2026 será un año complejo en materia fiscal, marcado por mayores atribuciones a la autoridad y una política recaudatoria más estricta, por lo que consideró indispensable que el gobierno impulse una reforma fiscal integral.