Cada 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer vuelve a poner sobre la mesa una realidad que el país no ha logrado revertir: la violencia de género continúa siendo una de las crisis más profundas y sostenidas en México. Aunque el marco legal ha avanzado en los últimos años, las cifras muestran que la protección sigue siendo insuficiente.

En el ámbito laboral, México cuenta con instrumentos que obligan a prevenir la violencia y el acoso. La NOM-035-STPS-2018 exige a las empresas identificar y atender riesgos psicosociales, mientras que el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, vigente en el país desde 2023, establece lineamientos claros para prohibir el acoso, garantizar canales seguros de denuncia y proteger a las víctimas. Sin embargo, su aplicación en la práctica dista de ser generalizada.

El contexto nacional da cuenta de ello. Diecinueve estados mantienen activa una Alerta de Violencia de Género, entre ellos Baja California. Entre enero y septiembre de 2025, a nivel nacional se registraron 513 feminicidios y 1,607 homicidios dolosos de mujeres. En estos indicadores, Baja California ocupa el segundo lugar nacional en homicidio doloso de mujeres, mientras que Tijuana aparece en tercer lugar en feminicidios, reflejando la gravedad del problema en la región.

El entorno laboral tampoco es ajeno a esta problemática. Un diagnóstico elaborado por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) revela que 68% de las personas trabajadoras han sufrido algún tipo de violencia en su trabajo. En mayor proporción, las mujeres reportan haber sido objeto de burlas, insultos, acoso u hostigamiento. A esto se suma un factor que agrava la situación: muchas deciden no denunciar por temor a represalias o pérdida del empleo.

En este escenario, especialistas y organizaciones insisten en que la prevención no puede limitarse a la conmemoración de una fecha. Se requiere fortalecer políticas públicas, vigilar su cumplimiento y atender las causas estructurales de la violencia.

El CCSPBC, por su parte, hace un llamado a la ciudadanía para involucrarse en acciones que contribuyan a reducir la violencia contra las mujeres, y exhorta a las instituciones y a los gobiernos a diseñar estrategias focalizadas y entregar resultados verificables. La urgencia, subrayan, es innegable: la violencia de género sigue cobrando vidas y limitando la libertad de miles de mujeres en todo el país.