La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal de Baja California para castigar el llamado “halconeo”, es decir, la colocación y uso de cámaras en la vía pública con fines delictivos. La iniciativa establece penas que van de tres a ocho años de prisión y se perfila como un nuevo instrumento legal para combatir la delincuencia organizada en la entidad.

El dictamen aprobado, identificado como número 10, también incorporó la propuesta del diputado Jorge Ramos Hernández, al coincidir con la visión del Ejecutivo en materia de seguridad. Durante la sesión, los legisladores subrayaron que la reforma no afectará a los ciudadanos ni empresarios que utilicen cámaras en sus domicilios particulares, comercios, negocios o industrias, pues estas instalaciones se mantendrán fuera de cualquier riesgo legal. El propósito, señalaron, es atacar el uso de la tecnología con fines criminales, sin menoscabar los derechos humanos ni las garantías individuales.

El respaldo en la comisión fue unánime. Votaron a favor la presidenta Norma Angélica Peñaloza Escobedo y los diputados Adrián Humberto Valle Ballesteros, Diego Echavarría Ibarra, Araceli Geraldo Núñez, Juan Manuel Molina García y Ramón Vázquez Valadez. Tanto Molina García, como Geraldo Núñez y Ramos Hernández insistieron en que el dictamen protege el uso legítimo de cámaras de vigilancia privadas y no criminaliza la prevención ciudadana.

La reforma también contempla agravantes que podrían aumentar las sanciones hasta en una mitad, en casos donde se involucren menores de edad, participen servidores públicos o se utilicen vehículos que aparenten ser oficiales. Además, se sancionará la intervención o alteración de los sistemas de videovigilancia pública, así como la posesión de equipos que interfieran en comunicaciones oficiales.

El siguiente paso será la discusión en el pleno del Congreso, donde se anticipa un respaldo mayoritario. Una vez aprobada en esa instancia y promulgada en el Periódico Oficial del Estado, la reforma entrará en vigor de manera integral. Con ello, Baja California busca cerrar filas contra la delincuencia y limitar la utilización de tecnología para fines ilícitos, al tiempo que se fortalece la estrategia de seguridad pública en beneficio de la ciudadanía.