Albergues religiosos con más de 50 años de operación fueron señalados por abusos y encubrimiento; sólo un responsable ha recibido sentencia.

El miércoles 10 de julio, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), intervinieron cinco albergues para proteger a 38 menores de edad. Estos refugios, gestionados por la asociación civil Ayudante al Niño, I.A.P, fueron objeto de múltiples denuncias relacionadas con maltrato y presunto abuso sexual infantil.

Las instalaciones, localizadas en los municipios de Chicoloapan y Texcoco, en el Estado de México, quedaron bajo resguardo del Ministerio Público tras la localización de evidencias que apuntan a posibles delitos y violaciones administrativas durante las investigaciones. La acción responde a la necesidad de salvaguardar la integridad de los menores afectados.

Estas diligencias se llevaron a cabo en cumplimiento de órdenes de cateo emitidas por jueces del Poder Judicial mexiquense, quienes también ordenaron la presentación de empleados y directivos vinculados con las acusaciones de abuso sexual contra niñas en estos centros.

Denuncian abusos y omisiones en albergue cristiano de Chicoloapan

En albergue cristiano evangélico en Chicoloapan, enfrenta señalamientos por abusos sexuales, maltratos físicos y negligencia institucional. De acuerdo con un reportaje de San Juana Martínez, existen 13 carpetas de investigación por agresiones sexuales contra al menos 25 niñas y niños, quienes también padecieron golpes, castigos y amenazas por parte del personal administrativo.

La institución, dirigida por el ciudadano estadounidense Steve Ross Earl desde hace casi seis décadas, está bajo investigación desde 2021. Earl y su equipo, conformado por siete hombres y una mujer, operan ocho casas de asistencia social. Entre las víctimas resalta el caso de José Luis Canizales Jiménez, menor de 12 años que falleció en circunstancias no aclaradas durante su estancia en el albergue.

Olivia Paola Cuevas Pérez, experta en protección infantil y ex voluntaria, denunció la inacción de las autoridades y la persistencia de delitos en estos espacios. Cuevas afirmó que las irregularidades y abusos han ocurrido durante años al amparo de la falta de supervisión oficial.

“Desde 1992 había casos expuestos y ninguna autoridad hizo nada. La institución debe cerrarse, está podrida desde la raíz y es necesario que estos señores no tengan oportunidad de hacer esto en México. Los niños necesitan ser remitidos con urgencia a otros lugares porque mientras la institución esté abierta, los DIF y otras autoridades van a continuar mandando niños a pesar de que saben que están las carpetas judiciales por abuso”, reveló Olivia en entrevista para el diario La Jornada.

Olivia Cuevas se incorporó en septiembre de 2021 como coordinadora de tutores en un sistema de seis casas hogar en el Estado de México y dos en Puebla. Entre esas instalaciones se encuentran Esperanza y Génesis, destinadas a varones; Ágape, Jireh y Bethel, exclusivas para mujeres; Emmanuel, también para varones, así como Nueva Vida y Nuevos Comienzos en Puebla, para niñas y niños respectivamente.

Pese a compartir la fe cristiana evangélica con los responsables, Cuevas afirma que los directivos reconocieron conocer los abusos registrados dentro de las casas hogar y optaron por no denunciarlos. Tras diez meses colaborando, renunció en julio de 2022 para impulsar acciones legales y defender los derechos de la infancia.

De acuerdo con el testimonio, en este entorno, los cuidadores residen junto con sus esposas dentro de las mismas instalaciones.

SIPINNA condena los hechos ocurridos en albergues de Ayudante al Niño

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE SIPINNA) expresó su inquietud por los hechos que detonaron el cierre de albergues infantiles operados por la organización Ayudante al Niño en Texcoco y Chicoloapan.

La dependencia exigió reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para implementar controles permanentes en estos espacios y garantizar que los Centros de Asistencia Social cuenten con personal capacitado, protocolos claros de atención y condiciones adecuadas para la protección de los menores.

“Lamentamos profundamente que estos incidentes constituyan una seria violación a los principios y derechos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), especialmente en lo que respecta al derecho de vivir libres de violencia y recibir protección y cuidados adecuados en entornos seguros“, expresó la SE SIPINNA a través de un comunicado.

El 10 de julio, varios empleados de los albergues comparecieron ante el Ministerio Público para responder a interrogatorios. Las autoridades no dieron a conocer las identidades de los trabajadores investigados.

De acuerdo con un reportaje de Quinto Elemento Lab publicado en marzo de 2025, tanto el DIF Estado de México como la Junta de Asistencia Privada tenían reporte de denuncias de abuso sexual en estos albergues al menos desde 2017. Estas instancias estatales registraron los casos pero no los llevaron ante la justicia penal.

Luego de la difusión de los reportajes, la organización Ayudante al Niño emitió un comunicado en el que manifestó su disposición a colaborar con las autoridades e indicó que los señalamientos no involucran a su actual equipo.

“Queremos reafirmar que dichos señalamientos no involucran el desempeño del equipo de staff actual de Ayudante al Niño I.A.P., quienes continuamos desempeñando nuestra labor con el más alto compromiso y dedicación hacia los niños, niñas y adolescentes. Reiteramos que todo el equipo de trabajo actual está compuesto por profesionales con sentido de vocación y altamente comprometidos con la seguridad, el bienestar y el desarrollo integral de los menores que nos han sido confiados”, comunicó a través de su cuenta oficial de Facebook el 1 de abril de 2025.

Mientras los 38 infantes rescatados son atendidos por grupos multidiciplinarios integrados por especialistas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEJEM) no se ha pronunciado públicamente sobre las investigaciones en curso, se espera que las autoridades den seguimiento puntual a los casos y garanticen que los delitos cometidos no queden impunes.