Numerosos residentes han expresado su inquietud ante la falta de respuesta y claridad por parte de Landmark, señalando que, a pesar de haber presentado múltiples solicitudes para resolver la situación, no han recibido soluciones efectivas.

Los propietarios de la primera torre de Landmark Tijuana han hecho públicas diversas irregularidades en la administración y operación del desarrollo inmobiliario.

Entre las principales inconformidades resalta un cobro de 3 mil dólares por condómino para la instalación de medidores eléctricos especiales, ya que la empresa instaló transformadores diseñados para uso comercial en lugar de residencial.

Según los afectados, esta decisión ha derivado en tarifas de electricidad considerablemente más altas para los residentes.

Durante una reciente reunión entre los condóminos y representantes de la empresa, cuya grabación se hizo viral en redes sociales, la tensión escaló cuando los propietarios acusaron a Landmark de fraude en la venta de los departamentos.

Algunos propietarios adelantaron que procederán con demandas penales en contra de la empresa por considerar que se les ha obligado a asumir costos que no les corresponden.

Otra de las inconformidades expuestas es el excesivo consumo de energía en las áreas comunes, ya que permanecen iluminadas de manera constante, generando un gasto que recae en los condóminos. 

Además, los residentes señalaron deficiencias en la infraestructura, como la falta de extintores en el edificio y el incumplimiento de la normatividad en el estacionamiento. La torre cuenta con sólo ocho cajones para visitas, a pesar de que tiene 191 departamentos, lo que, afirman, obliga a los visitantes a pagar por estacionarse en el centro comercial del complejo.

En ese sentido, los afectados exigen que la empresa asuma la responsabilidad de corregir estos problemas sin trasladar los costos a los propietarios, quienes ya realizaron una inversión considerable en la compra de sus viviendas. 

Finalmente, han solicitado públicamente la intervención de las autoridades para regular este tipo de prácticas en el sector inmobiliario y garantizar que los compradores no sean vulnerados por errores o decisiones administrativas de los desarrolladores.